bogada en formación, ciudadana por convicción”, Leticia Blanco (@letiblancossio), escribió este mensaje en Twitter: “Con un discurso demagógico y grandilocuente, la ministra Piña-Wallace (sic), presidenta de la @SCJN, ‘enaltece’ la supuesta independencia del Poder Judicial ante el Ejecutivo. Yo le pregunto, señora ministra, ¿independencia también del poder económico? Es una pregunta que hace una ciudadana”. Ayer, la Suprema Corte tuiteó: “A nuestra comunidad y al público interesado: La ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la #SCJN y del @CJF_Mx, no tiene cuenta en #Twitter. Las cuentas que pudieran existir bajo su nombre no son oficiales y lo que expresan no es autoría de la ministra presidenta”. Sin embargo, si no quiere violar la ley, debería contestar por la misma vía de Twitter, aunque no tenga una cuenta a su nombre, pero sí dispone de la cuenta oficial de la Corte.

Los laberintos del Poder Judicial

En reciente fallo el tribunal estableció la obligación de los funcionarios de atender las peticiones hechas mediante la plataforma Twitter. El ministro Mario Pardo Rebolledo, autor de la iniciativa, señaló que las peticiones encuentran protección en el artículo 8 constitucional, siempre y cuando se hagan a una cuenta institucional en donde las autoridades realizan actos de interacción con la ciudadanía. Con este agregado: El uso oficial de la plataforma Twitter por parte de una autoridad, que más allá de un fin informativo, haya implicado la captación y atención de peticiones ciudadanas, obliga a dicha autoridad a responder las peticiones que posteriormente reciba por esa vía. Es justamente el caso de la ciudadana Leticia Blanco que le pregunta a la presidenta de la Corte: ¿Independencia también del poder económico?. Si no contesta, violaría la ley, y si responde con una mentira cometería otra violación. La señora Piña colada llega a la presidencia después de lustros de recorrer los laberintos del Poder Judicial, difícilmente llegó con la toga sin arrugas.

Eléctrica a la quiebra

La caída de Abengoa –la mayor quiebra en la historia empresarial en España– va a tener efectos colaterales en el sector eléctrico. A través de diversas participaciones, la compañía es el mayor accionista industrial del conglomerado que gestiona el mercado mayorista de la luz, que se verá afectado con esa suspensión de pagos, informa la edición digital del informativo Expansión. La semana pasada, el juez que instruye la declaración de quiebra de Abengoa ordenó la liquidación definitiva de la compañía ante la imposibilidad de sacarla adelante. La decisión no afecta a algunas filiales de Abengoa, que siguen su propio concurso de acreedores, pero sí a Abengoa SA, que es la matriz del grupo y de la que cuelgan las participaciones en el pool eléctrico.

¿Llegará la marea a playas mexicanas? Abengoa demandó al gobierno mexicano por una suma estratosférica. En su origen, la causa fueron los problemas por la concesión para la construcción del acueducto que llevaría agua de la presa El Zapotillo, en Jalisco, a la ciudad de León, Guanajuato. Perdió en un tribunal internacional de arbitraje, obligándose a pagar 490 millones de pesos. Los representantes de nuestro país se dieron por vencidos. El entonces secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, lo justiificó en una entrevista con la revista Am é rica Economía: “La evaluación que se ha hecho es ‘no gastemos más recursos en algo que, notoriamente, está perdido”. Agregó que el equipo legal de la Secretaría de Economía sabe de entrada, que hay muy pocos elementos para revertir la decisión ya de un tribunal internacional en las cortes.

El generoso Guajardo, por si no lo han identificado, es diputado priísta y aspirante a la presidencia de la República.

Twitterati

Anaya haciendo campaña desde Estados Unidos. Eso sí es home office.

Escribe @Poncho Gutiérrez

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