n el juicio que se sigue en Nueva York al ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, por vinculación con el narcotráfico y otros delitos, salió a relucir ayer el testimonio de Héctor Villarreal Hernández, ex secretario de Finanzas de Coahuila, quien afirmó que el ex gobernador de esa entidad Humberto Moreira diseñó un esquema de corrupción que generó alrededor de 200 millones de dólares, de los que el ex mandatario estatal se habría apropiado de 40 millones.
Asimismo, el testigo afirmó que Moreira fue el intermediario entre García Luna y el periódico El Universal para que ese medio mejorara la imagen del ex policía y contrarrestara los señalamientos que ya se hacían sobre sus relaciones con narcotraficantes.
A los testimonios de delincuentes sentenciados o procesados, en el juicio de Nueva York se han incorporado los del ex responsable de las finanzas coahuilenses y del ex policía Francisco Cañedo, quien dijo haber presenciado un encuentro carretero en Morelos entre quien fue el hombre fuerte del gobierno de Felipe Calderón y los narcotraficantes Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, y Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. Ello aporta un nuevo elemento de verosimilitud a las acusaciones de los fiscales, en la medida en que unos y otros coinciden en sus relatos, y complica la situación de García Luna
Pero, más allá del desenlace para el que fue máximo responsable de la guerra contra las drogas
en el sexenio 2006-2012, su proceso pone sobre la mesa graves señalamientos en contra de terceros, como Moreira y quien o quienes hubieran beneficiado con los pagos al diario mencionado, y es razonable suponer que la lista de las menciones a personalidades políticas, mediáticas y empresariales de México se irá ampliando conforme transcurra el juicio de Nueva York. Pero éste no va a extenderse a aquellos cuyos nombres salgan a relucir en las audiencias, pues está acotado a la figura de García Luna.
Esta circunstancia dejará, pues, sospechas difíciles de despejar, a menos que las autoridades mexicanas lleven a cabo investigaciones paralelas que permitan desecharlas o confirmarlas.
Tal perspectiva resulta deseable y necesaria, tanto para el imperio de la justicia como para los propios afectados, a quienes debe otorgarse la posibilidad de desvincular su imagen pública de las menciones de que han sido objeto en el juicio neoyorquino. Si tales menciones resultan infundadas, los aludidos podrán reivindicar su inocencia y preservar su buen nombre.
Independientemente de los dos casos referidos, queda la impresión de que en el proceso que el gobierno de Estados Unidos realiza en contra de García Luna se irá descubriendo una descomposición que se extendió mucho más allá de la extinta Secretaría de Seguridad Pública y que infectó a otras dependencias públicas, así como a entidades privadas y sociales.
Y por más que se trate de una tarea ardua y compleja, resulta impostergable empezar a trazar el mapa de esa corrupción.
