Domingo 5 de febrero de 2023, p. 5
Una de las prioridades del grupo de Morena en el Senado es aprobar en este periodo de sesiones, que concluye en abril, la nueva Ley General de Aguas, que debió avalarse en 2013, y dado el retraso de una década, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso tenerla lista antes de concluir la actual legislatura.
En el Senado se trabaja en un proyecto de dictamen con base en una iniciativa de abril de 2022. Ha habido foros de análisis con la participación de expertos y organismos internacionales, como la ONU. La intención es concretar una legislación que garantice el derecho humano al agua, comentó José Narro, de Morena.
Explicó que es necesario evitar que grandes consorcios sigan con el despojo del líquido vital a las comunidades en México. Recordó que en uno de los foros que el Senado organizó el año pasado, un experto resaltó que 2 por ciento de los concesionarios controlan 70 por ciento de los volúmenes de agua en el país, mientras millones de mexicanos carecen de ella.
Igualmente, la senadora Ana Lilia Rivera consideró que no puede retrasarse más la nueva legislación, ya que 25 millones de mexicanos sólo tienen acceso al agua dos veces a la semana y 17 millones más padecen mayor escasez.
Hubo varias iniciativas en ambas cámaras, pero sin que se dictaminaran, lo que originó que particulares presentaran recursos ante la SCJN, que hizo notar la omisión y fijó un plazo al Legislativo, que vence en septiembre de 2024.
Sin embargo, dado que el proceso electoral está encima y será más difícil llegar a acuerdos, todas las fuerzas políticas coinciden en que se debe aprobar en este periodo. De hecho, es el primer punto en la agenda aprobada por Morena el pasado día 31.
El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Raúl Paz Alonso, convocó a una reunión para el martes 14, en la que se revisará un documento del Instituto Belisario Domínguez sobre el impacto legislativo de esta reforma.
Además de la ley general hay, entre otros, proyectos sobre gestión y aprovechamiento de aguas subterráneas, que propone la perforación de pozos de captación pluvial para la recarga de acuíferos en estado de estrés hídrico.