Cuernavaca, Mor., María Luisa Villanueva Márquez, quien hasta el jueves purgaba una pena de 30 años en la cárcel de Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, por el delito de secuestro, el cual asegura que no cometió, informó ayer que presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), debido a que fue sacada por la fuerza del penal porque le otorgaron el beneficio de remisión parcial de su condena; su inconformidad se debe a que ella no quería salir hasta que se reconociera su inocencia.

Villanueva Márquez, de 48 años de edad, y originaria de Ocotillo, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, estuvo presa 25 años; le faltaba un lustro para cumplir su pena por el citado ilícito, del cual, sostiene, la obligaron a inculparse, mediante tortura, agentes de la ahora Fiscalía General del Estado (FGE).

La mañana de ayer, tanto María Luisa, como sus abogados, Eutiquio Damián Santiago y María Elena Medina, ofrecieron una conferencia de prensa donde anunciaron que acudirán ante la CNDH y el presidente Andrés Manuel López Obrador para que la ayuden a que se reconozca que ella no fue culpable del crimen que del que se le acusó.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado violenta los derechos humanos de María Luisa al impedir que ejerza libremente su voluntad. El día jueves fue literalmente lanzada a la calle (por seis custodios) mediante un acto patético de fuerza y brutalidad, violentando su libre determinación y sus convicciones, afirmó Medina.

Exige que reconozcan su inocencia

Agregó que esta vez, al igual que el 6 de enero de 1998, cuando fue detenida, se volvieron a violentar los derechos humanos de esta mujer, quien no pidió ningún beneficio y lo que deseaba es que la FGE, que encabeza Uriel Carmona, cerrara por fin una investigación por tortura contra sus captores, que se inició desde 2014. Después de eso, ella y sus defensores pretendían acudir al pleno del TSJ a solicitar el reconocimiento de su inocencia.

Los resultados del dictamen que se practicó a Villanueva Márquez, mediante el protocolo de Estambul, y que publicó La Jornada el 16 de enero pasado, están en la indagatoria desde septiembre pasado, pero la fiscalía estatal no ha avanzado en la consignación de ésta. El informe, según el abogado Damián Santiago, demostró que María sí fue torturada por elementos antisecuestros, en 1998, para inculparla.