l presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se estudia convertir terrenos propiedad del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en áreas naturales protegidas (ANP) a fin de evitar que futuros gobiernos los privaticen, como ocurrió con gran parte de las franjas de interés turístico del litoral mexicano, donde hoy la gente no puede ir a la playa porque todo lo privatizaron. El mandatario denunció el gran remate de tierras que llevaron a cabo sus predecesores, con casos como la venta de lotes de enorme plusvalor a precios irrisorios o la entrega de concesiones a trasnacionales mineras, práctica que puso en manos extranjeras 60 por ciento del territorio nacional, y calificó de milagro que las administraciones neoliberales no acabaran con todo.

Debe recordarse que, legalmente, en México ni un metro cuadrado de playa es propiedad privada, y que todas ellas se encuentran catalogadas como bienes de uso común en la Ley General de Bienes Nacionales. En los hechos, durante décadas, grandes cadenas hoteleras, desarrollos inmobiliarios dirigidos a extranjeros y a personas de muy alto poder adquisitivo, así como restaurantes y otros establecimientos, se apropiaron de las costas, las explotaron como una atracción más para sus clientes sin pagar contraprestación alguna e impidieron (incluso con la violencia) que la población local o los visitantes ajenos a sus negocios accedieran a estas zonas que, debe insistirse, en ningún caso pueden presentar como parte de sus instalaciones.

Ante esta situación, en agosto de 2020 el Ejecutivo federal publicó un decreto en el cual se establece que el acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo-terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado, salvo en los casos que establezca el reglamento, disposición ratificada por el Congreso y plasmada en una adición a la citada Ley General de Bienes Nacionales.

De manera indudable, dicha legislación supuso un paso en la dirección correcta y dotó de nuevas herramientas jurídicas a las comunidades que luchan contra la usurpación de las playas y a los viajeros que desean hacer uso libre de este bien público, tal como les corresponde por derecho. Sin embargo, la realidad es que los dueños y gestores de los hoteles, fraccionamientos, clubes privados y otros negocios ubicados a pie de playa no sólo no han acatado la ley, sino que en algunos casos la desafían abiertamente, multiplicando los obstáculos para acceder a estas zonas que, sin razón alguna, consideran de su propiedad. El reciente auge en la llegada a nuestra nación de extranjeros adinerados que encuentran aquí un lugar ideal para fijar su residencia o adquirir bienes inmuebles, se añade a la complejidad del panorama, pues dichos individuos ven en las playas un activo que valoriza sus adquisiciones, y no siempre son conscientes de las normas locales o tienen disposición para acatarlas.

Por ello, es positivo que las tierras en manos del Estado reciban un estatus legal que complique su enajenación y depredación, pero no deben dejarse de lado los esfuerzos para hacer cumplir los reglamentos vigentes en cuanto al acceso irrestricto a las playas, un medio de esparcimiento de valía inestimable, cuyo disfrute no debe ser tratado como una mercancía, sino como lo que es: un derecho.