La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará al Consejo de la Judicatura Federal que investigue al juez Gustavo Aquiles Villaseñor, quien exoneró en primera instancia, a Ramón Sosamontes, ex funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el cual enfrenta una acusación de presunta participación en el desvío de 203 millones de pesos.

El juzgador, con sede en el Reclusorio Norte, determinó que Sosamontes no tuvo responsabilidad en los contratos suscritos por él en representación de Rosario Robles Berlanga, titular de la entonces Sedesol, con la empresa paraestatal Radio y Televisión de Hidalgo (RTH).

Aquiles Villaseñor rechazó los argumentos del Ministerio Público Federal porque los contratos no fueron ilegales debido a que no les era aplicable la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De acuerdo con la FGR, los agentes del Ministerio Público Federal que acudieron a la diligencia realizada el miércoles indicaron al impartidor de justicia que la legislación era aplicacble, ya que RTH no tenía la capacidad técnica, material y humana para que fuera ella misma la que prestara el servicio, en virtud de que subcontrató a 17 personas físicas y morales en 94.6 por ciento del importe del contrato original, lo que la obligaba a someterse a la Ley de ­Adquisiciones.

Se indicó al juez, agregó la FGR, la preocupación de la fiscalía respecto de su indebida interpretación a la citada Ley de Adquisiciones, que impide el esclarecimiento de los hechos denunciados, que era contraria a las múltiples determinaciones emitidas por sus ­homólogos en casos similares donde sí se vinculó a proceso a los imputados.

Sobre el resultado de la audiencia la FGR puntualizó: Ojalá pronto la superioridad y los magistrados de circuito emitieran criterios orientadores que le dieran luz para determinaciones futuras, y promovió una apelación.

Respecto del juez, iniciará ya una carpeta de investigación, con base en el artículo 225 del Código Penal Federal, respecto a delitos cometidos contra la administración de justicia por servidores públicos, en lo relativo a las fracciones VI, VII y VIII del ordenamiento.