ace unos días, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador propuso incluir dentro de nuestras celebraciones, la conmemoración de la soberanía nacional el 18 de marzo, en el marco del aniversario de la Expropiación Petrolera en la administración del presidente Lázaro Cárdenas.
Cuando hacemos hincapié en la transformación por la que atraviesa México no nos referimos únicamente a la resolución de las problemáticas estructurales que frenaban el pleno desarrollo; también enunciamos la recuperación de la soberanía nacional en varias escalas. Este tema permanece en nuestro horizonte político y social porque es esencial para el fortalecimiento y avance que buscamos.
En los últimos cuatro años hemos ampliado y robustecido nuestras relaciones comerciales y diplomáticas con la región norte y sur del continente, marcando pautas saludables y democráticas. Empero, en la actual administración también dirigimos esfuerzos en articular una política de soberanía alimentaria, energética, laboral y cultural, entre otras aristas, para recuperar la historia mexicana en su conjunto con miras a fortalecer la identidad nacional. En suma, recobrar la soberanía mexicana es recuperar un elemento vital para el crecimiento autónomo del país.
El espíritu del concepto de defensa de la soberanía consiste en el derecho de una nación para decidir sobre sus riquezas y el manejo de éstas; es ese poder de, a través del Estado, emplear los recursos según el beneficio del país, buscando el desarrollo sustentable y equitativo. Las recientes reformas, al igual que las proyectadas para el futuro, en los temas de energía, minería y aeronáutica son un ejercicio de soberanía, pues las modificaciones se orientan en favor de los mexicanos. Asimismo, garantizan el derecho de las futuras generaciones a exigir que el Estado explote los recursos del modo más provechoso en ese contexto; aseguramos que nuestra riqueza natural se dirija a la población y no en beneficio de algunas empresas nacionales y extranjeras que sólo buscan depredar nuestro territorio.
Si bien en México tenemos una inmensa riqueza de recursos minerales, la grave realidad es que las administraciones pasadas no sólo no protegieron suficientemente los procesos de explotación mineral, sino que además, fueron los responsables de su descontrolado aprovechamiento, resultando en una serie de obstáculos para el correcto desarrollo de la industria y pasando por alto la soberanía nacional. Frente a estas dos situaciones, hemos apostado por la nacionalización de los minerales estratégicos, con la intención de que genuinamente beneficien al país. La protección del litio muestra una visión clara de defensa nacional, soberanía e integración regional, pues es clave en la transición energética de las próximas décadas y esencial en la producción de baterías y automóviles eléctricos; por tanto, será pieza central en el crecimiento económico mexicano. América Latina en su conjunto concentra cerca de 60 por ciento de las reservas de litio del mundo y México ocupa el décimo lugar en riqueza de este recurso. Por lo anterior, es que seguiré impulsando la reforma integral a la Ley Minera, que reivindique el trabajo de los mineros, proteja a nuestras comunidades, amplíe la posibilidad de competencia comercial y cuide el impacto ambiental de la industria. En ese sentido, la explotación minera deberá buscar la cooperación internacional para fomentar la prosperidad compartida en la región latinoamericana.
Respecto de la soberanía energética, es importante considerar que las naciones tienen el derecho de tomar sus propias decisiones en la generación, consumo y distribución de energía, de modo tal que la explotación de los recursos sea apropiada a las circunstancias ecológicas y promueva mejoras en lo económico, cultural y social. Un país autónomo energéticamente tiene la capacidad de transformar las estructuras del poder que sólo impactan positivamente a las cúpulas empresariales o políticas, construyendo realidades desde abajo, que verdaderamente favorezcan a la población. Nuevamente, la actual administración se ha enfocado en salvaguardar y promover la soberanía: la reforma energética logró mantener la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos, además de modernizar y vigorizar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para lograr empresas completamente públicas y al servicio del pueblo. Dicha reforma permite que México ejerza, exclusivamente, el control y la planeación del sistema eléctrico nacional, beneficiando un sistema competitivo que reduzca los precios de la energía eléctrica. Precisamente aquí observamos que procurar la soberanía protege y suscita un mayor desarrollo nacional, con una mejor proyección al futuro.
Por último, la industria aeronáutica también atraviesa cambios sustanciales en términos de autonomía. Este sector es vital para aumentar nuestros alcances económicos, militares, tecnológicos y de seguridad nacional. La infraestructura que precisa México para establecer mayor conectividad y colocarnos junto a naciones más avanzadas en esta área implica concentrar esfuerzos en adecuar el marco legal aeroportuario y aeronáutico. El Presidente presentó una iniciativa ante la Cámara de Diputados para reformar 218 artículos de la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos. Aunada a la inversión en la renovación y modernización de los aeropuertos nacionales, la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el aeropuerto de Tulum, también se trabaja para recuperar la categoría uno en seguridad aérea. En efecto, los estados que tienen más capacidades de defensa y salvaguarda de su soberanía aérea y marítima pueden prevenir, con mayor eficacia, influencias e intervenciones externas.
En el fondo, además de ser un elemento indispensable en el desarrollo económico, la soberanía nacional es imprescindible para fortalecer y proteger nuestra democracia. Si bien nuestras relaciones comerciales tienden a la solidaridad y la cooperación, estas características sólo son posibles cuando salvaguardamos nuestra autonomía: precisamente ahí encontramos un viraje entre los vínculos internacionales de dependencia y los de ayuda mutua. Además, un principio democrático es el cuidado de su población, priorizando su avance y progreso. Cuando los recursos pertenecen al pueblo, las decisiones políticas se orientan a la voluntad general y no se adecuan a los intereses externos que, en muchas ocasiones, no tienen como objetivo primario la ganancia mexicana. En esa línea, proteger y procurar la autonomía energética, mineral y aeronáutica es un acto de cuidado de nuestros recursos, un compromiso con el futuro de las próximas generaciones y, por tanto, es un amparo de la democracia.
