Roma. Las condiciones de salud de un anarquista encarcelado en Italia, en huelga de hambre desde hace más de 100 días, desató un debate sobre el régimen de encarcelamiento severo que el gobierno de derecha quiere mantener a toda costa.

Unas 750 personas se encuentran tras las rejas en Italia bajo el régimen de detención conocido como 41-bis, que conlleva un férreo aislamiento. Una de ellas es el anarquista Alfredo Cospito, de 55 años, condenado por un atentado perpetrado en 2006 contra una academia de los carabineros.

El movimiento anarquista europeo declaró la guerra a Italia ante el empeoramiento de las condiciones de salud de Cospiti y ha incendiado las calles de Roma y de otras ciudades de la península.

El pasado fin de semana el consulado de Italia en Barcelona fue destrozado, en Berlín fue incendiado el vehículo de un diplomático y en Roma arrojaron un coctel molotov contra una comisaría.

La premier italiana, Giorgia Meloni, reiteró antier que no piensa revocar el régimen de cárcel dura para Cospito, quien fue trasladado a una prisión de Milán que cuenta con un hospital especializado.

Es impensable que el Estado ceda, aseguró el ministro de Justicia, Carlo Nordio, conocido por sus posiciones conservadoras.

Creada originalmente como una medida de emergencia tras los atentados de la mafia en las décadas de los 80 y 90, el artículo 41-bis del código penal nació como un arma clave del Estado contra las organizaciones criminales.

También se aplica a otros delitos violentos y al terrorismo.

Es el régimen más estricto que se aplica en Europa occidental, explicó a la agencia Afp Anna Sergi, profesora de criminología en la Universidad de Essex.

Las restricciones incluyen el confinamiento solitario en celdas individuales, tiempo limitado al aire libre y una breve visita mensual para los miembros de la familia detrás de una pared de vidrio. El envío de libros y periódicos también está prohibido.

El objetivo es cortar toda comunicación de los presos con el exterior, impidiendo así que los capos de las mafias sigan al mando de sus organizaciones desde el centro penitenciario y convencerlos a colaborador con la justicia (los arrepentidos).

A pesar de las campañas para abolirlo, mucha gente en Italia sigue apoyándolo porque estiman que los mafiosos se lo merecen pase lo que pase, explicó Sergi.

Tanto el Tribunal Europeo para los Derechos Humanos como el Tribunal Constitucional de Italia han pedido modificar el régimen del 41-bis.

Para la organización defensora de los derechos de los presos Antigone, la aplicación de ese artículo a Cospito es desproporcionado.

El anarquista fue condenado en 2014 a casi 11 años de prisión por haber disparado a las piernas al dirigente de una empresa de energía nuclear dos años antes.

Sucesivamente fue condenado a 20 años por colocar en 2006 dos bombas caseras frente a un cuartel de la policía, delito que los tribunales clasificaron de terrorismo.

Sus defensores sostienen que se trataba de actos reivindicativos, sin intención de causar muertes y que de hecho no hubo decesos ni heridos.

En mayo pasado fue castigado con cuatro años más bajo el 41-bis, después de que la justicia descubrió que mantenía desde la prisión contactos con grupos anarquistas.

En diciembre, un tribunal de Roma rechazó el recurso presentado por sus abogados para revocar el severo régimen que le aplican.