Existe un vínculo directo entre los esfuerzos anticorrupción y la búsqueda de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, establece el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México.

No es posible tener paz y seguridad cuando la corrupción desvía parte muy importante de los impuestos de la gente, lo cual priva a una amplia porción de la población de dividendos indispensables para alcanzar el desarrollo, les niega justicia, seguridad y servicios.

Esto afecta de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables, como son las personas pobres y las mujeres, indica el Proyecto Rendición, Participación Ciudadana y Prevención de la Corrupción para el Desarrollo Sostenible. Memoria 2019-2023, del PNUD y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

El escrito refiere que, en la década pasada, casos de corrupción que se volvieron mediáticos contribuyeron a tener avances en el tema. Se materializaron grandes reformas, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, se elevó el derecho de acceso a la información a nivel constitucional, se incluyó en la ley a personas privadas como sujetas a poder ser acusadas de corrupción, dejando de lado la vieja idea de que sólo el gobierno es corrupto, entre otros cambios.

No obstante, destaca que en los últimos 10 años (2012-2021) México se ha mantenido en el Índice de Percepción de la Corrupción en un rango entre los 28 y 34 puntos, sin colocarse dentro de los 100 países mejor evaluados.

Según el INEGI, en 2021 el costo promedio de la corrupción en el país fue de 3 mil 44 pesos por persona en términos reales y, en el caso de las empresas, ascendió a 7 mil 419 pesos. Asimismo, 57.1 por ciento de la población consideró a la corrupción como uno de los problemas más importantes en su entidad federativa y 14.7 por ciento de la población adulta dijo haber sido víctima de alguno de estos actos al realizar trámites o solicitar servicios públicos.

Esta semana, el PNUD México realizó la jornada de cierre del Proyecto Rendición de Cuentas y emitió el documento que destaca lo hecho en cuatro años con organizaciones de la sociedad civil en el combate a este fenómeno.

En otro análisis sobre el tema, denominado Mujeres ante la Corrupción, reflexiones para mitigar sus efectos, el PNUD y la USAID exponen que estas prácticas deshonestas impactan de manera diferente a las mujeres, y esto se debe a la prevalencia de “roles y estereotipos de género que constriñen a muchas mujeres al hogar.

Esta concentración de las mujeres en el ámbito privado afecta su capacidad de respuesta, intervención y resolución en el espacio público, donde se viven la mayoría de las situaciones que pueden derivar en potenciales actos de corrupción.

Además, la corrupción es una de las formas en las que se perpetúa la discriminación contra las mujeres, y en un trato y oportunidades desiguales respecto a los hombres.