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Diputados de PAN, PRI y PRD también se unen contra los cambios electorales
 
Periódico La Jornada
Jueves 26 de enero de 2023, p. 4

Los diputados federales de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) su propia solicitud de acción de inconstitucionalidad en contra del plan B de reforma electoral, afirman que estos cambios violan los principios del federalismo, la libertad hacendaria, la equidad en los procesos electorales y la transparencia.

Los legisladores de minoría impugnan concretamente las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidad Administrativa, promulgadas el 27 de diciembre pasado.

Tal como lo hicieron el lunes, por separado, los dirigentes nacionales de los tres partidos, los legisladores buscan que los ministros invaliden los cambios a estas leyes, que argumentan, darían una ventaja indebida a los funcionarios públicos para hacer propaganda de sus acciones de gobierno al permitirles, por ejemplo, rendir sus informes en pleno proceso electoral. El documento fue entregado a la oficialía de partes de la SCJN, evitando así las rechiflas y reclamos de la gente de la calle, como ocurrió el lunes pasado cuando los líderes nacionales del PAN y PRI presentaron también recursos similares.

Conforme al procedimiento, todos los juicios constitucionales promovidos sobre el mismo tema del plan B serán acumuladas para que un solo ministro sea quien las estudie y decida, en primera instancia, si cumplen con los requisitos para ser admitidas a trámite.

Los diputados de los tres partidos de oposición informaron en un comunicado que en la aprobación de estas reformas también se violó el proceso legislativo, pues se evitó que todas las fuerzas políticas tuvieran la posibilidad de analizar y debatir a fondo la iniciativa.

Hicieron un llamado respetuoso a la SCJN para que resuelva todos estos juicios constitucionales a la brevedad posible, antes del próximo verano, con el fin de dar certeza jurídica al proceso electoral de 2024.