La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notificó al Congreso capitalino que desechó nueve controversias constitucionales presentadas por los alcaldes de oposición contra la recién aprobada Ley de Publicidad Exterior, al considerar que no viola preceptos constitucionales federales.

En la resolución, la Corte indicó que no hay interés legítimo de los titulares de las demarcaciones, entre ellos Sandra Cuevas, Mauricio Tabe, Lía Limón y Giovani Gutiérrez, por argumentar que dicha legislación viola sus atribuciones al no poder emitir permisos a fin de instalar anuncios publicitarios en construcciones y edificaciones; agregó que las presuntas afectaciones no transgreden la Constitución federal, por lo que desechó las nueve demandas.

“Las violaciones alegadas por (los actores) se hacen depender de la transgresión directa a ordenamientos distintos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (…); de tal norma no se desprende una atribución expresamente reconocida a su favor que pueda ser tutelada en esta instancia constitucional”, refiere el documento emitido por la Corte.

Por otra parte, la penúltima sesión de la Comisión Permanente del Congreso local fue cancelada ayer por falta de quórum, pues sólo había 11 asistentes; diputados de todas las bancadas no reportaron asistencia, entre ellos Martha Ávila (Morena), Ernesto Alarcón (PRI), Diego Garrido (PAN) y Víctor Hugo Lobo (PRI).

De esta manera, el próximo martes se realizará la sesión de clausura de la Permanente y el miércoles 1º de febrero empezará formalmente el periodo ordinario de sesiones, que concluirá el 31 de mayo.

En otro tema, Morena en la Ciudad de México pidió al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, aclarar el destino de 8 millones de pesos no ejercidos destinados a programas sociales en 2021.

Para eso, dicho partido proporcionó datos de la Auditoría Superior de la Ciudad de México que refieren la falta de comprobación de la entrega de recursos destinados a programas de apoyo para adultos mayores y personas desempleadas por 3 millones y 5 millones de pesos, respectivamente.

Refirieron que, con base en las investigaciones, se determinó que los programas no se ejecutaron conforme a lo establecido porque la alcaldía no publicó a tiempo los lineamientos ni el padrón de beneficiarios; además, el personal de la demarcación no garantizó que la ayuda social se entregara a la población objetivo.

La falta de transparencia por parte de Santiago Taboada deja mucho que pensar. Es absurdo que, al igual que sus compinches, se diga perseguido político cuando las evidencias de sus corruptelas están documentadas, afirmaron los morenistas.