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Diputados piden al TEPJF sugerencias para acatar fallo sobre consejeros electorales
 
Periódico La Jornada
Miércoles 25 de enero de 2023, p. 8

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados continúa entrampada en cómo acatar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó modificar la convocatoria para elegir cuatro consejeros electorales, proceso detenido desde diciembre.

Los coordinadores parlamentarios se fijaron como límite el primero de febrero para emitir un acuerdo político y una interpretación jurídica de la sentencia, y ayer enviaron una invitación a los magistrados electorales para que, en una reunión al día siguiente, sugieran a los diputados cómo acatar la sentencia.

Por tercera vez consecutiva desde que el tribunal emitió su resolución, la Jucopo abordó ayer el tema; al final del encuentro, el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, dijo que se volvió a abrir un periodo de reflexión para definir qué tipo de documento legislativo se presentará al pleno.

El 23 de diciembre, el TEPJF ordenó a la Cámara, entre otros puntos, modificar la convocatoria para distinguir cuál de las cuatro listas de cinco aspirantes cada una será para presidente del Consejo General del INE.

No obstante, Mier Velazco dijo que esa instancia legislativa debe resolver sin que se comprometan sus atribuciones o se incurra en un desacato.

En ese sentido, manifestó que la convocatoria a los magistrados es para definir “cómo salimos de esta situación, y si el pleno incurre en desacato, ¿van a disolver el Congreso, tipo Perú?

Los estamos ayudando, porque si no, metemos en un derrotero de incertidumbre al país”.

El legislador consideró que entre el 2 y 10 de febrero, la Jucopo podría contar con un proyecto para procesar la sentencia, que sería votado el 14 por el pleno de San Lázaro.

Por otra parte, el presidente de la Cámara, Santiago Creel (PAN), informó que las bancadas de Va por México presentarán este miércoles una acción de inconstitucionalidad contra las leyes General de Comunicación y Orgánica de la Administración Pública, porque las nuevas reglas favorecen las campañas anticipadas de las corcholatas, así como la intervención de los funcionarios en las elecciones.