Si bien el derecho al acceso regular y suficiente al agua se incluye en la Constitución, éste aún no está garantizado para toda la población. Detrás de este incumplimiento hay problemas legales, deficiencias en los organismos encargados de brindar el servicio e insuficiencia de recursos para el financiamiento de la prestación del mismo, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El Centro de Estudios de la Auditoría publicó el primero de una serie de análisis en materia de políticas públicas, con base en los resultados de la fiscalización superior y, tras revisar las políticas en la materia hasta 2020, señala carencias de la Ley de Aguas Nacionales (LAN): este ordenamiento rige la actuación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que es la de ser rectora de la prestación del servicio público, pero, si bien la dota de distintas atribuciones técnicas, no incluye en su articulado disposiciones específicas para que Conagua coordine y supervise a los entes públicos que finalmente distribuyen el agua hasta las tomas de domicilios particulares o empresariales, ni tampoco existe una regulación que autorice a la comisión a revisar el cumplimiento del Programa Nacional Hídrico (PNH).

Para la ASF, las problemáticas de la LAN podrían subsanarse con la promulgación de una ley general de aguas y su respectivo reglamento. Al respecto, cabe destacar que si bien la emisión de esta normativa estaba prevista en la reforma al artículo 4 constitucional, la cual dispuso que el Congreso de la Unión contaría con 360 días para llevar a cabo esta tarea, aún no se ha cumplido dicho mandato, aunque el plazo previsto venció el 3 de febrero de 2013.

En lo que toca a la insuficiencia presupuestal, la ASF señala, entre otros puntos, que de 2016 a 2019 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ejerció 188 mil 351.3 millones de pesos, del cual la Conagua recibió la mayor proporción: en 2016 la comisión contó con 73.2 por ciento (46 mil 475.9 millones) del total, en 2019, 79.2 por ciento (28 mil 915.8 millones); sin embargo, estos montos presentaron una disminución de 12.3 por ciento en promedio anual, al pasar de 63 mil 522.6 millones de pesos en 2016 a 36 mil 513.8 millones en 2019, lo que significó una reducción de 42.5 por ciento en la cantidad de los recursos asignados para el PNH.