La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que investiga a 154 servidores públicos presuntamente involucrados en casos de desaparición forzada de enero de 2012 a octubre de 2022, de los cuales 30 pertenecen al propio Ministerio Público Federal y otros 59 son efectivos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina Armada de México (Semar).

La institución ministerial informó a La Jornada que en la actual administración federal las unidades sustantivas de la FGR “identificaron 101 expedientes de investigación –iniciados por autoridades locales– y que fueron atraídos, por la posible comisión del delito de desaparición forzada, en el periodo comprendido del 1º de diciembre de 2018 a octubre de 2022”.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación, refiere que de 1964 a noviembre de 2022 había 107 mil 201 reportes.

La base de datos de la CNB establece que de enero de 2012 al 30 de octubre de 2022 se notificó la de-saparición de 76 mil 681 personas.

A través de una solicitud de información de este diario, la FGR dio a conocer que de enero de 2012 a octubre de 2022 el Ministerio Público Federal inició mil 82 indagatorias consideradas de competencia federal. El resto de los casos son de competencia local.

Dependencias involucradas

En su respuesta, mediante el oficio FGR/UTAG/00051/2023, la FGR indicó que la información estadística localizada relacionada con el número de servidores públicos o ex funcionarios que son investigados por la posible comisión del delito de desaparición forzada, así como la institución a la que pertenecen, del periodo comprendido de enero de 2012 a octubre de 2022 es la siguiente: 30 casos corresponden a servidores o ex funcionarios de la FGR, 15 expedientes involucran a personal de la Sedena, 44 señalan a integrantes de la Semar, 15 a funcionarios de fiscalías estatales y dos a elementos de la Guardia Nacional.

Hay, además, cuatro indagatorias a miembros del Instituto Nacional de Migración (INM), 10 a policías estatales, ocho a personal de la extinta Policía Federal, cinco a secretarías de seguridad pública, un caso a personal de un centro de reinserción social (Cereso), dos a casos en los que se señala a servidores públicos de centros federales de readaptación social (Cefereso), un caso a un funcionario del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), cinco expedientes a policías ministeriales, otro contra un empleado de la Secretaría de Gobernación y en 11 casos se investiga a policías municipales.

En los mil 82 casos en los que el Ministerio Público Federal ha iniciado carpetas de investigación por desaparición forzada a través de su área central y delegaciones estatales, la mayor parte son en Veracruz, con 118; Tamaulipas, 113; Sinaloa, 98; Jalisco, 89; Guerrero, 74; Coahuila, 57 y áreas centrales, 53.

En Aguascalientes hay 10 registrados; Baja California, 19; Baja California Sur, nueve; Chihuahua, 31; Campeche, uno, Chiapas, 24, Ciudad de México, 25; Colima, 16; Durango, 21; Hidalgo, nueve; Guanajuato, 24; estado de México, 30; Michoacán, 37, Morelos, 11; Nayarit, 41; Nuevo León, 19; Oaxaca, 34; Puebla, 32; San Luis Potosí, 8; Querétaro, dos; Quintana Roo, 11, Tabasco, 16; Tlaxcala, siete; Yucatán, 15 y Zacatecas, nueve.

Judicializó 30 casos

La FGR ha judicializado 30 expedientes de las indagatorias (averiguaciones previas y carpetas de investigación) consignadas por desaparición forzada de personas en el periodo del 1º de diciembre de 2018 al 30 de octubre de 2022.

Sin embargo, la fiscalía evitó manifestarse sobre el número de casos en los que ha obtenido vinculaciones a proceso o autos de formal prisión y sentencias condenatorias. Agregó que sus unidades administrativas indicaron que la autoridad competente para pronunciarse al respecto es el Poder Judicial de la Federación.