Puebla, Pue., El juzgado segundo de distrito en materia de amparo penal determinó, a través del juicio indirecto número 869/2022-VIII-16, que fueron violados los derechos de Francisco Castillo Montemayor, quien estuvo en prisión durante 14 meses por oponerse al proyecto Parque Flor del Bosque del gobierno estatal que encabezó el panista Rafael Moreno Valle Rosas (2011-2017).

Como parte de la denuncia que el ex secretario de Medio Ambiente presentó contra varios ex funcionarios por los delitos de tortura, abuso de autoridad y tráfico de influencias, el juez Julio César Márquez Roldán ordenó que sean llamados a declarar el ex fiscal Víctor Carrancá Bourget y Roberto Flores Toledano, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Otros implicados en la privación de la libertad de Castillo Montemayor son el ex secretario de Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial, Rodrigo Riestra Piña; el agente del Ministerio Público Roberto Armando Meneses Bonifaz, la jueza Idalia Arciniega Arias y Leonardo Jiménez Burgos.

Francisco Castillo ganó el amparo hace un par de semanas y ayer se dio a conocer que está por concluir el plazo del recurso de revisión que tienen los nueve ex servidores públicos inculpados para demostrar su inocencia.

El ex secretario de Medio Ambiente ofreció una rueda de prensa en la que contó con el respaldo de integrantes del Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión, encabezados por Carolina González Barranco, Miguel Ángel Rosas Burguess y Arafat Rosas, además de los abogados Samuel Porras y Tonatiuh Sarabia Amador.

Todos ellos son activistas y luchadores sociales que fueron reprimidos y en algunos casos sus familiares encarcelados por ser opositores al gobierno de Moreno Valle Rosas, quien el 24 de diciembre de 2018 pereció junto con su esposa Martha Érika Alonso, en ese entonces mandataria estatal, al desplomarse la aeronave en que viajaban.

En su intervención, Francisco Castillo, quien en la administración estatal que encabezó el priísta Mario Marín (2005-2011) fue secretario del Medio Ambiente, dijo que asumir la resolución del amparo será una decisión política del gobernador Sergio Céspedes Peregrina y de la presidenta del Tribunal de Justicia, Margarita Gayosso Ponce.

Señaló que en Puebla hay un aparato de justicia corrupto que sigue en manos de la misma estructura represora que creó Moreno Valle para fabricar delitos a sus opositores. Son los mismos, con los mismos vicios y acciones. No lo cambiaron (José Antonio) Gali, Martha Érika, (Guillermo) Pacheco ni (Miguel) Barbosa, reprochó el ex funcionario, quien pidió a Céspedes Peregrina depurar la fiscalía.

No obstante, reconoció que hay funcionarios que entienden los problemas sociales como el juez segundo en materia de amparo, Julio César Márquez, quien es una luz en el camino para los poblanos.

En su intervención, el abogado Tonatiuh Sarabia, hijo del luchador social y ex preso político Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, aseveró que durante el sexenio morenovallista hubo 366 presos procesados y perseguidos por motivos políticos en el estado.

Destacó que Francisco Castillo fue el único que se atrevió a denunciar la detención y prisión arbitraria de la que fue víctima.

El 16 de noviembre de 2016 el ambientalista fue encarcelado, acusado de peculado por 39 millones de pesos. Catorce meses después fue absuelto por no haber pruebas en su contra.