Lima. La represión llegó ayer al interior de las universidades. Como en tiempos de las dictaduras, la policía ingresó violentamente a la Universidad Nacional de San Marcos en Lima, la más antigua y grande del país. Lo hizo para detener a quienes desde distintas regiones, especialmente andinas, han llegado a la capital para sumarse a las movilizaciones antigubernamentales de los recientes días en la llamada toma de Lima.

Estaban alojados en el recinto desde hace tres días. Los estudiantes les abrieron las puertas pese a la oposición del rectorado. Una tanqueta derribó una puerta de rejas y un numeroso contingente policial irrumpió. Hubo más de 200 detenidos. Los policías armados con fusiles también acometieron la residencia universitaria. Congresistas de izquierda llegaron hasta el campus para ver la situación de estudiantes y pobladores alojados ahí, pero las fuerzas de seguridad no los dejaron entrar. También impidieron el ingreso de abogados que iban a asistir a los detenidos.

Esto ocurrió cuando la crisis se agudiza, las protestas en distintas regiones continúan y la represión sobre la que se sostiene el gobierno de Dina Boluarte sigue matando. Este sábado murió en Puno un poblador que había sido herido de bala el viernes. Ya son 46 los muertos confirmados por disparos de policías y militares desde que se iniciaron las protestas en diciembre, siete de ellos adolescentes. También hay un policía muerto. La cifra global de fallecidos durante las protestas sube a 57 con las muertes por causas relacionadas por los bloqueos de vías, como no poder llegar a un centro médico. Hay cerca de un millar de heridos.

Un muerto por día

La indignación por la violencia letal de agentes de seguridad ha multiplicado las protestas que exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, de mayoría derechista, elecciones para este año, un referéndum para una Asamblea Constituyente y sanción para los culpables por tantas muertes. Algunos sectores también demandan la libertad de Castillo. El gobierno de Boluarte tiene la terrorífica estadística de más de un muerto por día.

El gobierno dice que respeta el derecho a la protesta, pero la criminaliza y la reprime de forma hostil y mortal. La intervención policial en la Universidad de San Marcos busca intimidar y desmovilizar a los numerosos pobladores que han llegado a Lima desde distintas regiones para protestar en la capital, donde el jueves y viernes hubo masivas movilizaciones que fueron sometidas y dejaron más de 60 detenidos. Este sábado, por tercer día consecutivo, los inconformes tomaron el centro de Lima. Al cierre de esta nota, transcurría de manera pacífica.

Manifestantes han intentado tomar aeropuertos y atacaron comisarías, oficinas públicas y algunas empresas privadas. La respuesta represiva tirando a matar ha sido brutalmente excesiva. El Ejecutivo, la mayoría de derecha del Congreso y los medios, pretenden generalizar esas acciones violentas para desacreditar las protestas y justificar la represión. Se han denunciado infiltrados que provocan violencia con esa misma intención.

En ese contexto, el Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó la violencia y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las corporaciones de seguridad en respuesta al repudio social contra el gobierno.

En Los Andes se lucha

Las protestas iniciadas en el sur andino por la destitución de Castillo –visto por esas poblaciones como un presidente cercano a ellos, por su identificación social y étnica antes que política– y por una explosión de hartazgo ante una histórica pobreza y discriminación que sufren se han extendido a casi todo el país en un desborde de rabia multiplicada por las muertes. Esa respuesta del Estado expresa a balazos un desprecio contra las poblaciones andinas, víctimas del racismo y la marginación de las elites y ahora epicentro de las mayores protestas. La indignación también crece por un discurso oficial que felicita a las fuerzas de seguridad que disparan a manifestantes y que acusa a quienes se movilizan en las protestas de terroristas o de estar pagados para manifestarse. Las voces exigiendo la renuncia de la mandataria no solamente no se han apagado por la brutal represión, sino que suben en cantidad e intensidad.

“Boluarte encarna la tiranía de la ignorancia. Su comportamiento es sumamente despótico y su nivel de conocimiento del país y de la política es bajísimo. Su renuncia es la salida mínima para que la situación pueda tranquilizarse. Es muy difícil precisar qué tan cerca puede estar eso, pero en cualquier momento su gobierno puede colapsar porque está muy resquebrajado por las muertes y por su reacción encubridora y defensora del desempeño de las fuerzas armadas y policiales, a las que después de tantas muertes ha sacralizado diciendo que han tenido un comportamiento ‘inmaculado’, lo que revela la mente extraviada de esta señora.

Las protestas de estos días en Lima, que a pesar de su desorden y dispersión han sido fuertes y muy intensas, han debilitado más a Boluarte. Se ha comenzado a erosionar el campo que la apoya. Cada día hay más violencia y muertos. Eso es insostenible. Las marchas van a continuar. Cuando quedó claro que el uso extremadamente abusivo de las armas corresponde a un patrón de comportamiento no sólo de policías y militares, sino del gobierno, las poblaciones del interior del país han dicho que no se rendirán hasta que se vaya Boluarte, señaló a Página/12 el sociólogo Carlos Reyna.

Un militar acecha

Si renuncia Boluarte, la remplazaría el presidente del Congreso. El problema, y el riesgo, es que ese cargo lo ejerce un general retirado de ultraderecha: José Williams, acusado de violaciones a los derechos humanos. Esto amenaza con profundizar el autoritarismo puesto en marcha por Boluarte. Por eso, las demandas populares también exigen la renuncia de Williams para que se recomponga la mesa directiva del Congreso y se elija como remplazante de Boluarte a una figura que pueda generar cierto consenso, que no sea parte de la ultraderecha. Pero la mayoría derechista que controla el Congreso sostiene a Williams.

Hay consenso en analistas que solo una persistente presión popular podría hacer retroceder al Congreso y obligar al cambio de Williams. Los manifestantes aseguran que no aceptarían una eventual presidencia del general y que, de darse eso, las movilizaciones se mantendrán.

“Está en desarrollo un plan para instalar un régimen autoritario, para que la derecha gane las próximas elecciones. Boluarte es un peón de esa derecha, que está hegemonizada por una extrema derecha alucinada, que dice que todo es ‘terrorismo’.

Uno de los legisladores de esa ultraderecha ha propuesto un Proyecto de ley para autorizar a disparar contra manifestantes con el único requisito de que haya más manifestantes que miembros de las fuerzas de seguridad. Eso es una locura, pero ese es el tipo de liderazgo que tiene la extrema derecha peruana. Si ganan las elecciones van a gobernar con esa lógica, advierte el sociólogo Reyna.

Boluarte preludiaría algo peor

De hito de la dignidad ciudadana y de las más grandes que se recuerden, califica Reyna las protestas populares que sacuden el país. Indica que en Lima han sido duramente reprimidas con gases lacrimógenos y perdigones, pero en las provincias la represión ha sido con disparos de fusiles y pistolas.

Esta clarísima diferencia en la represión es una forma de discriminación terrible, aberrante, según la cual a los provincianos, sobre todo a los de las zonas andinas, se les puede disparar y matar sin problema, pero en Lima no. Estoy completamente seguro que esa forma de razonar explica por qué no hay muertes en Lima.