Cambio climático y cuidados comunitarios de los comunes en las costas del centro sur de Chile. Aportes para un diálogo de saberes
Chile es uno de los países que posee mayor extensión litoral de América Latina, con una franja costera de más de 8 mil kilómetros de longitud. Los efectos del cambio climático en las costas chilenas son cada vez más acentuados, ya que son lugares climáticamente vulnerables por su baja altura que son susceptibles a desastres naturales causados por tsunamis, marejadas, sequías y desertificación. Particularmente, las zonas costeras del centro y sur del país albergan importantes ciudades como Concepción, Talcahuano, Puerto Montt o Valdivia, y también a una infinidad de pequeños poblados, caletas y caseríos donde han habitado desde tiempos inmemoriales comunidades mestizas e indígenas de pescadores artesanales, algueros/as, recolectores, campesinos/as. Y en el último tiempo una masa cada vez mayor de afuerinos provenientes de las grandes ciudades del país.
Estos últimos territorios son comunidades culturalmente diversas, cuyas identidades territoriales y economías locales están directamente relacionadas con la pesca mar adentro, la recolección de orilla, la recolección de frutos en bosques costeros, la agricultura en zonas de inundación o en humedales,el comercio local y una creciente actividad turística.
En numerosas localidades costeras de las regiones centro-sureñas del Maule, Bío-bío, y de Los Lagos, las comunidades identifican el avance del cambio climático a través del aumento temperaturas, disminución de las lluvias, aumento del riesgo de incendio, aumento de los niveles del mar, y cambios de las temperaturas de las corrientes marinas. Estos fenómenos tienden a agravar la degradación socioambiental y los despojos múltiples ya existentes, los cuales son consecuencia tanto de la sobrexplotación local de los territorios, pero por sobre todo del avance de la explotación a gran escala pesquera, forestal, agroindustrial y energética. Dichas explotaciones son resultado de la implementación de políticas públicas que en los últimos treinta años han promovido la ampliación de megaemprendimientos extractivistas que se erigen como parte de los principales los rubros de acumulación de la economía nacional.
De esta manera, la profundización de la crisis climática costera en territorios socioambientalmente degradados ha sido caldo de cultivo de constantes tensiones y conflictos territoriales en torno a los usos, propiedad y resguardo de los bienes comunes, especialmente de aquellos que son vitales para las economías locales y la reproducción de la vida como el agua, los bosques nativos, los pescados, mariscos algas, y los frutos de recolección, entre otros. Estos conflictos reflejan el agotamiento progresivo y la creciente precariedad de las condiciones en que se encuentran los comunes, dejando en evidencia las profundas limitaciones de los marcos legales y de la institucionalidad estatal en materias de protección socioambiental de los territorios.
Por su parte, las comunidades costeras generan cada vez mayores estrategias para el cuidado de sus comunes en base a diálogos de saberes locales, la articulación de sus tejidos sociales, los vínculos socionaturales que de manera intergeneracional han establecido con los comunes, y también por el cúmulo de experiencias comunitarias respecto al uso y reproducción de sus comunes. Los cuidados son diversos y abarcan acciones como monitoreos comunitarios de ríos, bosques y áreas de manejo marítimas, también numerosas experiencias de educación ambiental para sensibilizar a poblaciones locales y externos, la reutilización de los comunes, incorporación de conocimientos agroecológicos, o bien zonificaciones comunitarias para establecer lugares de extracción y reproducción, entre otras acciones. Estas y otras estrategias de cuidados constituyen verdaderos pluriversos de resiliencia socioecológica a escala local, que ofrecen alternativas territoriales para fortalecen la adaptación y resguardo de las costas a los crecientes efectos del cambio climático.
Sin embargo, dichas experiencias son escasa o nulamente contempladas por las institucionalidades públicas encargadas de resguardar los ecosistemas, y más bien en la práctica se tiende a desconocimiento, a invisibilizarlas o bien a calificarlas peyorativamente, cuestionando en muchos casos las capacidades y los saberes locales de las comunidades. De esa forma se han privilegiado decisiones en base a saberes expertos desterritorializados que usualmente aportan respuestas parciales y carentes de pertinencia a nivel local.
En este contexto, consideramos importante fortalecer diálogos entre saberes comunitarios sobre el uso y el cuidado de los comunes, y aquellos saberes provenientes de la experiencia institucional, marcada por políticas públicas centralistas que a nivel territorial tienen praxis diversas marcadas por dilemas y dificultades cercadas entre las restricciones de a estandarización de las políticas públicas y la creciente demanda socionatural en escenarios de heterogeneidades territoriales. Estas trayectorias locales en la práctica también han generado un saber-hacer institucional que presenta potenciales para dialogar desde la diversidad, donde la voluntad política de las autoridades en sus diversas escalas es fundamental para genera aperturas a instancias y marcos institucionales mayormente abiertos a fortalecer codiseños de estrategias de cuidados con las comunidades costeras.