La Comisión Permanente envió los senadores la reforma a la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que el presidente Andrés Manuel López Obrador devolvió al Congreso y pidió desechar en su totalidad, por estar en desacuerdo con medidas como exigir a los candidatos a magistrados demostrar experiencia de cinco años en materia agraria.

En su veto a la reforma, el Presidente también rechazó la obligación que la ley incluye para el Ejecutivo, respecto de justificar la idoneidad de las propuestas que deba presentar de aspirantes a magistrados.

Conforme al artículo 72 de la Constitución, apartado B, el Ejecutivo puede realizar observaciones, en todo o en parte, de una reforma aprobada por el Congreso, y el apartado C prevé que, cuando un proyecto de ley o decreto sea devuelto por el Presidente, será regresado a la cámara de origen –en este caso el Senado–, donde deberá ser discutido nuevamente, pero sólo será aprobado si se confirma con el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes y ratificado por la otra cámara.

La reforma tiene su origen en una iniciativa de la senadora Geovanna Bañuelos (PT), que se aprobó en el Senado con 90 votos en favor y dos abstenciones en febrero de 2022, y ratificada en la Cámara de Diputados por 433 votos en favor y uno en contra.

La Cámara Alta aprobó la reforma por mayoría, con el voto de Morena, y sin discusión. Incluso la presidenta del Senado en ese entonces, Olga Sánchez Cordero, dijo que veía muy razonable dicha propuesta.

En sus observaciones, el Presidente indicó que el Congreso no justificó con argumentos incluir el requisito de comprobar una práctica profesional mínima de cinco años en la materia, ni se acreditó que la falta de una especialización haya perjudicado el desempeño de la justicia agraria en las tres décadas de funcionamiento de los tribunales.

Entre las adiciones a la ley se prevé que, al concluir su encargo de seis años, los magistrados del tribunal Agrario solo podrán ser ratificados, por una sola ocasión, para otro periodo improrrogable de nueve años, medida que elimina de hecho la cláusula de inamovilidad de los magistrados.