París. Los franceses deberán trabajar dos años más antes de poder jubilarse, declaró la primera ministra Elisabeth Borne, al detallar el proyecto del presidente Emmanuel Macron, para retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años, un plan que augura protestas ante el rechazo de sindicatos y la mayoría de la oposición.

Con una edad legal de jubilación de 64 años a partir de 2030 y 43 años de cotización, lograremos el objetivo: nuestro sistema redistributivo alcanzará entonces el equilibrio, indicó en rueda de prensa la primera ministra sobre el proyecto de ley largamente aplazado.

Además del retraso a 64 años, el gobierno también prevé adelantar a 2027 la exigencia de contar con 43 años cotizados para cobrar una pensión completa, en lugar de esperar a 2035, como estipulaba una ley aprobada en 2014 por el socialista François Hollande.

La edad de jubilación en la segunda economía de la Unión Europea es una de las más bajas de Europa y, de salir adelante la reforma, Francia se acercaría a los 67 años adoptados o en vigor en Alemania o Italia.

Francia gasta más que la mayoría de los demás países en pensiones, casi 14 por ciento de la producción económica, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

A partir de 2023, este sistema registrará déficit. A partir de 2027 será de 12 mil 500 millones de euros (13 mil 430 millones de dólares) por año, 15 mil millones en 2030, 25 mil millones en 2040, explicó el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt.

Segundo intento

Aunque el retraso de la edad de jubilación será menor a los 65 años defendidos por Macron, el plan ya cosecha el rechazo unánime de los sindicatos, que anunciaron una primera jornada de huelga general y movilización el jueves 19 de enero.

La organización patronal Medef celebró en cambio las decisiones pragmáticas y responsables del gobierno, que prevé reducir simétricamente la aportación al régimen de accidentes de aquellas empresas que aumenten su contribución al sistema de pensiones.

La revisión del sistema de pensiones era un pilar central de la agenda reformista de Macron cuando llegó al Elíseo en 2017. Pero archivó su primer intento en 2020 mientras el gobierno luchaba por contener el brote de covid.

Macron y Borne tendrán que conseguir que la reforma se apruebe en el Parlamento, donde no tienen mayoría absoluta. Sin embargo, el gobierno no descarta recurrir al polémico procedimiento parlamentario, conocido como 49.3, que le permite adoptar una ley sin someterla a votación.