Las empresas trasnacionales y organizaciones industriales beneficiarias del maíz transgénico y de los agrotóxicos, como el glifosato, presionan al gobierno mexicano para que renuncie a su derecho a la soberanía alimentaria, advirtieron 119 agrupaciones de México, Estados Unidos y Canadá.

Las importaciones de maíz transgénico de Estados Unidos a México es uno de los temas que estará sobre la mesa en la Cumbre de Líderes de América del Norte, ya que se realizan al país vecino fuertes compras de ese producto.

La demanda de las corporaciones y sus cabilderos para que México dé marcha atrás a las legítimas y legales decisiones tomadas con respeto al espíritu del T-MEC, así como a proteger al maíz de la contaminación de transgénicos y lograr la eliminación gradual pero efectiva de plaguicidas altamente peligrosos como el glifosato, es un verdadero despropósito jurídico internacional y un enfoque anacrónico propio del siglo pasado, contrario a la amplia demanda social y a los compromisos internacionales del siglo XXI, subrayaron en un pronunciamiento la campaña Sin Maíz no hay País, Fundación Semillas de Vida, Canadian Biotechnology Action Network y ActionAid USA, entre otras decenas de organizaciones y ciudadanos.

Resaltaron que la industria y corporaciones buscan que México se aleje de los compromisos internacionales asumidos por los tres gobiernos en el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que es el plan estratégico para la aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica en el periodo 2022–2030, y contribuir al logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible a 2030, acordados en la cumbre de biodiversidad realizada en diciembre en Montreal.

Ese marco plantea entre sus objetivos garantizar que la gestión y el uso de las especies silvestres sean sostenibles, proporcionando beneficios sociales, económicos y ambientales para las personas, así como garantizar que las áreas dedicadas a la agricultura, la acuicultura, la pesca y la silvicultura se gestionen de forma sostenible.

Los firmantes señalaron que para nuestras organizaciones e incluso para crecientes miembros de nuestros gobiernos y órganos legislativos y judiciales, resulta evidente el irracional propósito de tratar de poner los intereses corporativos por encima de las prioridades de respeto a la madre naturaleza.