Buenos Aires., El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, denunció que la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa que investiga el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, perpetrado el pasado 1° de septiembre, tiene contrato como investigadora y docente en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, de la derechista Propuesta Republicana (PRO), lo que resulta una relación laboral incompatible con su función como magistrada y evidencia las relaciones promiscuas entre la mayoría de los jueces de los Tribunales de Comodoro Py, y la oposición, en momentos en que otros funcionarios son investigados en medio de un escándalo político y judicial.

La llamada mesa judicial fue creada durante el pasado gobierno del ex presidente Mauricio Macri, dirigente del PRO y cabeza de la coalición Juntos por el Cambio (ex Cambiemos), como parte de un proyecto en el que está involucrada la embajada de Estados Unidos en Buenos Ares.

Fernández de Kirchner recusó a Capuchetti no sólo por la lentitud evidente de la investigación sobre el intento de magnicidio, sino también por las numerosas irregularidades denunciadas por sus abogados por ocultar de pruebas, al tratar de sostener que los acusados eran un grupito de marginales, ignorando los vínculos surgidos con el financiamiento que llevaron a los círculos más íntimos del ex presidente Macri y haber detenido las indagatorias cuando se divulgaban documentos que comprobaban hechos que comprometían a Juntos por el Cambio, ante lo cual varios analistas aluden a una mafia político, judicial y mediática.

Resultó que en su cargo como investigadora, Capuchetti también da clases a cuadros superiores de la policía de la ciudad de Buenos Aires y de la Federal con un contrato y un sueldo asignado, como denunció el ministro Soria, al presentar documentación sobre el caso.

El ISSP, en respuesta, explicó que en 2020 dio clases a inspectores y comisarios de la policía, y en su rol de investigadora trabajó sobre la forma de erradicar la violencia contra la mujer analizando las medidas tomadas por el gobierno de la ciudad.

Conflicto de intereses

La revelaciones de Soria fueron de alguna manera confirmadas por el comunicado del ISSP, dado a conocer por el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, en la mira en estos días, cuando otro funcionario del gobierno de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, debió tomar una licencia en medio de otro escándalo después de que se filtraran una serie de chats por los que se conoció que había integrado el grupo de jueces, fiscales y empresarios del grupo Clarín que viajó a Río Negro para reunirse en la mansión del empresario británico Joe Lewis, en la mira de la justicia por la apropiación ilegal del Lago Escondido, un sitio turístico de esa provincia sureña. D’Alessandro era precisamente el ministro de Justicia y Seguridad.

Soria se refirió a esta situación que está bajo investigación por el viaje pagado por Clarín, que compromete a Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura.

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