El gobierno federal responsabilizó a las autoridades de Chihuahua por el asalto al Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez, que permitió la fuga de 30 reos –entre ellos Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, El Neto, uno de los más sanguinarios líderes criminales de la región— y dejó un saldo de 17 personas asesinadas.

En conferencia de prensa, integrantes del gabinete de seguridad federal señalaron que el ataque y el posterior motín hicieron evidente que al interior de esa cárcel –administrada por autoridades locales– existían condiciones que favorecieron la evasión, pues se hallaron armas largas y cortas, cargadores, cartuchos de diferentes calibres, diez celdas VIP, drogas, celulares y una caja fuerte con más de 1.7 millones de pesos.

Agregaron que no hubo una petición expresa del gobierno estatal, encabezado por la panista María Eugenia Campos Galván, para que Piñón de la Cruz, a quien se atribuye la autoría del atentado, fuera trasladado a un penal de mayor seguridad, pese a que a El Neto se le acusa de que, en un intento por evitar su traslado, orquestó desde el Cereso el llamado jueves negro, el 11 de agosto pasado, cuando 11 personas fueron asesinadas en ataques a civiles y fueron incendiados autos y negocios en Ciudad Juárez.

El Neto, aprehendido en 2009, es acusado de encabezar a fuerzas especiales de la banda Los Mexicles, perteneciente al grupo Gente Nueva, brazo armado y operativo del cártel de Sinaloa.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, consideró ayer en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador realizada ayer en Palacio Nacional, que el Cereso 3 es un penal estatal donde la responsabilidad sobre lo que sucede, todas las mediadas de seguridad y despliegue son responsabilidad del estado.

Apuntó que la incursión del grupo armado y el posterior motín se iniciaron antes de las siete de la mañana del domingo; cerca de las 10 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional lograron ingresar y al mediodía controlaron la revuelta. Subrayó que pese a este hecho, el gobierno federal no cambiará su estrategia contra el crimen.

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, actualizó la cifras: 25 reos evadidos de las áreas 4 y 5 del Cereso; 17 asesinados (10 custodios y siete internos) y 15 lesionados, 14 reclusos y un integrante del cuerpo de seguridad. Por la tarde, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua precisó que se evadieron 30 convictos, cuyas identidades y fotografías difundió.

Rodríguez explicó que el mismo domingo se detuvo a cinco personas que habrían participado en la agresión que facilitó la fuga.

Resaltó que la administración y el cuidado de las cárceles estatales son responsabilidad de los gobiernos locales, y subrayó que la autoridad federal está dispuesta a atender cualquier requerimiento de traslado de reos de alta peligrosidad en cualquier momento.

Las indagatorias, dijo, las realiza la FGE y las autoridades federales estarán pendientes para apoyar.

A su vez, Sandoval mencionó que fuerzas federales y estatales establecieron tres puestos de control en las salidas de Juárez y vigilancia en el aeropuerto, en la terminal de autobuses y los cruces aduanales de esa urbe, a fin de localizar a los prófugos y a sus cómplices.

En la conferencia estuvieron el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

En Chihuahua, las autoridades dieron a conocer que todos los convictos fugados estaban en el módulo M15, donde se ubican Los Mexicles.

Legisladores locales de Morena exigieron al gobierno estatal cambiar la estrategia de seguridad, por ineficiente, y la destitución del fiscal Roberto Fierro Duarte, a quien acusaron de omisión y complicidad con la mencionada organización criminal. También pidieron el despido del secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya.

Ambos funcionarios no estuvieron para coordinar las operaciones, y tampoco la mandataria estatal Campos Galván, quien 12 horas después del incidente publicó un mensaje al respecto en redes sociales.

En tanto, Jesús Manuel Salayandia, dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Juárez, dijo que la estrategia de seguridad del gobierno estatal es fallida y exigió aplicar la ley a las autoridades que permitieron la fuga y el motín.

De su lado, el fiscal Fierro Duarte y el titular del Sistema Penitenciario estatal, Luis Alfonso Harris, ofrecieron que en tres meses el Cereso 3 quedará completamente limpio de cualquier objeto no permitido.

Además, recordaron que el pasado 11 de agosto se solicitó trasladar a 180 reos –entre ellos El Neto– a cárceles federales, pero la petición quedó en análisis, pues las autoridades estaban revisando la capacidad y los espacios.