Buenos Aires., El mandatario argentino, Alberto Fernández, anunció ayer que impulsará un juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, por violaciones en el cumplimiento de su deber. Recientemente quedaron al descubierto las peores prácticas que puedan realizarse en una república que dice querer preservar el estado de derecho. Vimos un avance inadmisible del Poder Judicial sobre los otros, señaló Fernández en un mensaje al pueblo argentino.

Durante los últimos días fueron divulgados mensajes intercambiados entre el ministro de Justicia y Seguridad capitalino, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, vocero de Rosatti.

Según el diario Página 12 y la agencia de noticias Télam, en dichas conversaciones Robles proporciona información a D’Alessandro sobre un fallo de la Corte Suprema referente al incremento de los fondos coparticipables a esta ciudad y le dice cómo actuar.

Fernández denunció la existencia de un vínculo escandaloso, conductas y diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos para ser usados a la hora de decidir casos con trascendencia institucional indudable.

Al asumir mi mandato juré hacer observar la Constitución. Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al poder judicial entrometerse en las decisiones del Congreso, afirmó.

Es mi deber promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica, añadió al referirse al apoyo de la Corte Suprema al incremento de los fondos de esta capital.

El presidente comunicó que convocó a los gobernadores a apoyar un proceso contra Rosatti para que se investigue el desempeño de sus funciones. También requeriremos indagar sobre el comportamiento de los restantes miembros del máximo tribunal.

Además, dijo que ordenará al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, promover las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de esta ciudad con empresarios contratistas de ese estado autónomo.

Aspiro a que en 2023, mientras al celebrar los 40 años de democracia, nos pongamos de acuerdo en construir un estado de derecho en el que la justicia castigue a los responsables sin que medien pactos de impunidad y en el que la política olvide para siempre las prácticas corruptas que tanto daño causaron a su credibilidad, aseveró.