Lima. La mandataria de Perú, Dina Boluarte, aseguró ayer que dará todas las facilidades a la fiscalía para investigar las decenas de muertes ocurridas en los violentos disturbios tras la deposición del presidente Pedro Castillo el pasado día 7, en momentos en que el ministro del Interior, Víctor Rojas, quien cuenta con información de que las manifestaciones, especialmente en el sur del país, se reanudarán a partir del 4 de enero, tras una relativa pausa en las festividades de fin de año.

No vamos a permitir impunidad, que se investigue, que se individualicen los hechos y la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial estarán asumiendo sus roles como corresponde, declaró Boluarte a la prensa internacional.

La policía y el ejército salieron a defender la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos, argumentó.

El país se vio sacudido por violentas manifestaciones y bloqueos de infraestructura clave que llevaron a una contundente respuesta de las fuerzas militares, luego de que salieran a las calles para apoyar a la policía cuando el gobierno declaró un estado de emergencia.

La convulsión social, que estalló principalmente en las empobrecidas regiones del sur del país, dejó al menos 22 muertos durante enfrentamientos y otras seis fallecieron en accidentes relacionados a los bloqueos, según datos oficiales.

Boluarte asumió el poder tras la destitución y arresto de Castillo, quien intentó disolver el Congreso, dominado por la oposición, y reorganizar el Poder Judicial.

Las víctimas tras la agitación social en Perú generaron denuncias de las comunidades locales y de grupos de derechos humanos por supuestos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en despliegues para restablecer el orden público.

Una investigación de Reuters encontró varios casos de personas que fueron asesinadas a tiros en Ayacucho, la región andina que registró el mayor número de víctimas en las recientes protestas, después de duros enfrentamientos entre manifestantes y militares que ingresaron a la zona.

El ministro Víctor Rojas destacó que en caso de nuevas protestas, y en el afán de proteger la propiedad y libre tránsito de las personas, se respetarán los derechos humanos. Nadie desea repetir los fallecidos que hubo en la primera escalada de conflictos.

Posible juicio a Castillo

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó con 16 votos y seis en contra el informe final que acusa a Castillo de organización criminal, tráfico deinfluencias y colusión, con lo que ratificó la prisión preventiva de 18 meses.

La medida también aplica para sus ex ministros de Transportes y Comunicación, Juan Silva, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado.

El informe pasará a la Comisión Permanente para que lo ratifique y, a continuación, a debate en el pleno del Congreso.

De ser aprobado en el Parlamento, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, podrá seguir adelante con el proceso acusatorio.

En este contexto, el titular del Congreso, José Williams, se desmarcó de la propuesta del Ejecutivo y apostó por que sea el primer ministro, Alberto Otárola, quien sustituya a la jefa de Estado, cuando ella esté ausente por viajar a otras naciones.