l año 2022 está por llegar a su fin, por lo que es un momento óptimo para elaborar, como cada fin de año, un balance sobre los avances, pendientes y desafíos con los que cierra el panorama sociopolítico en México, así como adelantar una prospectiva de la urgente agenda que deberá ser trabajada conjuntamente por gobierno y sociedad civil en el transcurso de 2023. Una lectura responsable del contexto requiere reconocer tanto los aspectos positivos con los que se cierran el presente año como los grandes pendientes que persisten, evitando caer así en las dinámicas actuales de polarización que poco abonan para el fortalecimiento democrático y ciudadano del país.
De un lado de la balanza, hemos de destacar el comportamiento macroeconómico del país. A pesar de la crisis económica global pospandemia y la complejidad geopolítica detonada este año, el peso se mantiene como la moneda más estable frente al dólar. La inflación, aunque alta, mantiene bajos niveles en términos comparativos frente a las principales economías del mundo. Por su parte, son plausibles los incrementos sostenidos al salario mínimo cuyo aumento hace frente, aunque de manera todavía insuficiente, a la gran deuda que este rubro viene acarreando de décadas atrás. Igualmente plausibles son las reformas en materia laboral que han devuelto a la clase trabajadora algunas libertades y reivindicaciones que dignifican la realidad laboral del país.
Desde el otro lado de la balanza hemos de partir reconociendo que, a cuatro años de gobierno de López Obrador, las problemáticas estructurales que más aquejan a nuestra sociedad, como corrupción, impunidad y violencia, no han encontrado remedio pese a las promesas que auguraban una transformación de la vida pública del país. Al mismo tiempo, el discurso anticlasista empleado por la 4T no se ha transformado en un desmantelamiento de las estructuras de privilegios y desigualdades que se han anexado al sistema político mexicano, ni sus alusiones populares han evitado que se gobierne junto a una élite empresarial selecta.
En materia de seguridad, las fuerzas armadas, aún bajo la denominación de la Guardia Nacional, han sido incapaces de contrarrestar la ola de violencia que arrastra el país desde hace 16 años. Por el contrario, la violencia llega a cada vez mayores rincones, y la macrocriminalidad se apodera de territorios, mercados y comunidades que ponen en jaque la gobernabilidad del país y su estabilidad social. La justicia sigue siendo un anhelo incumplido para miles de ciudadanas y ciudadanos, como sucede en la comunidad de Cerocahui, Chihuahua, donde fueron asesinados los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora. Datos oficiales señalan que, hasta el cierre de noviembre, México registra 28 mil 190 homicidios en 2022 y un acumulado de más de 109 mil personas desaparecidas y no localizadas. A su vez, con 12 periodistas asesinados en 2022 se empata el máximo histórico de 2017 como el año más violento para el periodismo en México.
Misma suerte corre la agenda ambiental del país. México se enfrenta a un estrés hídrico histórico y en aumento prácticamente irremediable en el corto plazo. La apuesta por los combustibles fósiles y el desarrollismo basado en extractivismo y destrucción de ecosistemas van a contracorriente de la urgencia por contrarrestar un calentamiento global que en México es 1.4 grados por encima de la media global. Urge diseñar y ejecutar políticas públicas transversales y contundentes para la planificación hídrica y la transición energética hacia sistemas con una mayor eficiencia en el uso de los recursos.
Con un Poder Ejecutivo poco dispuesto a la configuración de pesos y contrapesos característicos de una sana democracia, y con una narrativa envolvente y polarizada que se genera y se regenera cada mañana, el panorama permanece en un entorno de claroscuros. Frente a él la oposición tiene el enorme reto de responsabilizarse de su propio vaciamiento y construir una plataforma política digna que otorgue nuevos balances al sistema político mexicano y que trascienda la actual política reaccionaria.
Será 2023 un año clave de cara a los procesos democráticos de 2024. Esta cercanía al proceso electoral pone en riesgo los endebles canales de diálogo y mediación política que se han precarizado en los últimos años. Nos corresponde como sociedad civil permanecer atentos a las coyunturas que están por venir y no claudicar en la exigencia por justicia, verdad, dignidad y paz, en un país herido por la violencia y la crispación social.
Reivindicamos, por ende, que 2023 será un año de oportunidad para ejercer nuestra ciudadanía en la generación de diálogos pertinentes que trasciendan la arena partidocrática para construir, desde la participación y la inclusión, las estructuras y redes necesarias para el fortalecimiento de nuestra democracia y el mejoramiento del país frente a la amenaza de la polarización y la apatía que han caracterizado los años recientes.
