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Rechaza Congreso peruano actos de intromisión de AMLO y Petro

El mandatario de Colombia reitera su postura

 
Periódico La Jornada
Jueves 29 de diciembre de 2022, p. 17

Lima. El pleno del Congreso de Perú aprobó ayer una moción que expresa su rechazo contra las injerencias en asuntos internos de parte de los presidentes de México y Colombia.

Con 61 votos a favor, 41 en contra y cinco abstenciones, de un Parlamento de 130 integrantes, el pleno del Congreso aprobó la Moción 5022, que propone expresar su rechazo a los constantes actos de intromisión en los asuntos internos de Perú por parte de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro, entre otros, tuiteó el recinto del Legislativo.

El pleno exhortó a la cancillería peruana a enviar esa moción, por los canales diplomáticos, al gobierno mexicano y al embajador colombiano en Perú, Eufracio Morales.

Ante el rechazo declarado por el Congreso peruano, el presidente colombiano reaccionó de inmediato reafirmando su posición. La violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es manifiesta en Perú, tuiteó, al considerar que Castillo no puede ejercer su cargo pese a haber sido elegido popularmente y está detenido sin sentencia judicial.

Alegó que su postura ante Perú es coherente con el pedido que él ha hecho a Nicolás Maduro para que Venezuela reingrese al sistema interamericano de derechos humanos.

Ambos presidentes se han pronunciado en varias ocasiones sobre la situación de Castillo (2021-2022), a quien consideran preso político, además de no reconocer a la actual presidenta, Dina Boluarte.

Asimismo, han afirmado que Castillo fue víctima de un golpe de Estado gestado por sectores derechistas en el Congreso.

Las tensiones llevaron a que el pasado día 20 el gobierno peruano expulsara al embajador mexicano, Pablo Monroy, por los comentarios de López Obrador en los que acusó al Congreso de ese país de un golpe blando contra Castillo –quien intentó disolver el Parlamento–, criticó que se pusieran muy respetuosos de la legalidad y arremetió contra el nuevo gobierno de Boluarte como represor ante las protestas, lo que Lima consideró intromisión en asuntos internos.