La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el gobernador de Nuevo León, Samuel García, contra el desafuero de su secretario general de Gobierno, Javier Luis Navarro Velasco. El máximo tribunal concedió una suspensión para que el funcionario no pueda ser destituido, pero avaló que el proceso en su contra continúe hasta que el pleno de ministros resuelva el fondo del asunto.

En el juicio constitucional CC 258/2022, García impugna la actuación de la Fiscalía General de Justicia, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Congreso estatal por la declaratoria de procedencia penal y desafuero que los diputados locales dictaron contra Navarro Velasco el pasado 29 de noviembre.

La decisión fue aprobada por los diputados de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, quienes acusan a Navarro Velasco de no haber publicado en el periódico oficial del estado 56 leyes y reformas que el Poder Legislativo local ha aprobado desde diciembre de 2021, ejerciendo en la práctica un veto a las normas que no son del agrado del gobernador.

Ante la resolución del Legislativo, Samuel García, del partido Movimiento Ciudadano, interpuso la controversia ante la SCJN, impugnando la aprobación por la votación de la declaratoria de procedencia por parte del pleno del H. Congreso del estado de Nuevo León de fecha 29 de noviembre de 2022, en el que se llevó a cabo una aplicación inexacta de la solicitud del diputado presidente Mauro Guerra Villarreal dirigido a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para pedir la declaratoria de procedencia contra Javier Luis Navarro Velasco.

La investigación en su contra continúa

La ministra Margarita Ríos Farjat admitió a trámite la controversia y dispuso que no se ejecute ninguna determinación derivada del proceso penal respectivo, lo que significa que el secretario de Gobierno no podrá ser separado de su cargo, aunque las investigaciones en su contra podrán continuar.

Explica que el acto reclamado a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se ejecutó cuando el Congreso local aprobó el juicio de procedencia contra Navarro Velasco, por lo que el servidor público ya dejó de tener fuero.

Sin embargo, la declaración de procedencia no tiene como consecuencia inmediata la determinación de responsabilidad penal ni la separación del cargo, por lo que el funcionario seguirá en su puesto.