Las reformas en materia electoral que establecen que las manifestaciones y opiniones de funcionarios, legisladores y demás servidores públicos no se considerarán propaganda gubernamental y por tanto no ameritarán sanción, están en espera de ser promulgadas por el Presidente de la República, luego de ser aprobadas por el Congreso.

La oposición amenaza con controvertir esa reforma ante la Suprema Corte, por considerar que se viola la Constitución al permitir a los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena para 2024 hacer campaña desde sus actuales puestos en el gabinete.

La minuta con las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas en Materia de Propaganda fue turnada por la Cámara de Diputados al Ejecutivo el 15 de diciembre, luego de un accidentado proceso legislativo.

De acuerdo con senadores de Morena, la demora en promulgar se debe a que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República lleva a cabo un análisis minucioso del contenido, que incluye otra modificación que fue muy cuestionada durante el debate en las dos cámaras: la definición de propaganda gubernamental como aquella que se contrate con recursos públicos.

Se trata de dos de las seis leyes del llamado plan b en materia electoral del presidente López Obrador que se incluyeron en un segundo dictamen que el Senado regresó a la Cámara de Diputados con cambios y ésta aceptó, por lo que concluyó el proceso correspondiente y la minuta fue remitida a la Presidencia.

No fue el caso del otro dictamen, con las leyes Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la General de Partidos Políticos, la Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la nueva General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el cual los senadores devolvieron con cambios a San Lázaro; entre ellos, la inclusión de la cláusula de vida eterna. Los diputados debieron eliminarla y mandar de retorno el paquete al recinto de Reforma e Insurgentes, donde quedó pendiente hasta febrero.

Por lo que toca a las leyes generales de Comunicación Social y la de Responsabilidades Administrativas en materia de Propaganda, el senador de Morena José Narro sostuvo que se trata de modificaciones que protegen la libertad de expresión de funcionarios y legisladores que el INE ha vulnerado, al tratar de acallarlos. Además, agregó, se regula el gasto público en propaganda.

En la norma se establece que no constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de los servidores públicos que hagan en uso de su libertad de expresión y en ejercicio de sus funciones.

Se precisa que tampoco se considera propaganda gubernamental la información de interés público que divulguen, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en cualquier formato de manera gratuita.

Sin embargo, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, resaltó que es una interpretación que va más allá de la excepción que ya está en la Constitución, así como un debate que ya resolvieron el Tribunal Electoral y la Suprema Corte.