Buenos Aires., Analistas y reconocidos políticos definen el momento que vive el país como un golpe de Estado judicial luego de la situación creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que ordenó al Po-der Ejecutivo destinar 2.95 por ciento del volumen de los impuestos coparticipables al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que estaban destinados a las provincias, regresando a los orígenes del nacimiento de la república en el siglo XIX.

En una medida cautelar dictada el miércoles pasado, la Corte Suprema ordenó al Ejecutivo incrementar de 1.4 a 2.95 el porcentaje de los impuestos coparticipables del Estado que debía traspasar al jefe de gobierno de la capital argentina, el derechista Horacio Rodríguez Larreta, y dejar de aplicar una ley aprobada por el Congreso en 2020.

El senador Óscar Parrilli, del gobernante Frente de Todos, dijo este fin de semana que la Corte Suprema de Justicia está dispuesta a gobernar y llevarse por encima los poderes del Estado y la voluntad popular, ya que se había dispuesto que 1.4 por ciento de los fondos coparticipables fueran para la ciudad y el resto para las provincias.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, advirtió que el fallo es un golpe al federalismo, como lo consideran 18 gobernadores de los 24 del país, mientras que Juan Cruz Miranda, ministro de gobierno catamarqueño, sostuvo que resulta muy grave que una cautelar “revierta una ratificación legislativa (…) Acá hay un conflicto de poderes porque la cuestión de fondo fue resuelta por el Congreso. Este fallo revierte una decisión legislativa”.

Fue el ex presidente Mauricio Macri, dirigente de la ultraderechista Propuesta Republicana (PRO), que encabeza la coalición de Juntos por el Cambio, quien mediante un decreto en 2018 aumentó el porcentaje de coparticipación diaria de 1.4, como marcaba la ley, a 3.75.

A su vez el presidente Alberto Fernández, también por decreto bajó esos fondos en un uno por ciento menos.

“La ley 27.606 votada por el Congreso Nacional fue la que vino a solucionar el problema, pero el gobierno derechista de la ciudad judicializó el tema y pidió 3.50 por ciento.

En consecuencia, la Corte Suprema, además de la medida cautelar dispuso la suspensión de la ley 27.606 que había reducido la participación de esa jurisdicción”, señalan los gobernadores.

Fernández había decretado el recorte a la coparticipación porteña para darle un aumento a la Policía Bonaerense en medio de una protesta de efectivos que solicitaban aumentos en sus salarios y que rodearon uniformados y armados la residencia presidencial a mediados de 2020, en lo que también se registró como una amenaza golpista.

En una entrevista con la televisión, el juez constitucionalista Eduardo Barcesat, dijo que la Corte Suprema desborda su poder y que es necesario terminar con este gobierno perverso de jueces.

En declaraciones a La Jornada el dirigente político peronista de Todo por la Patria, Jorge Rachid, también médico, analista y luchador por la soberanía nacional, dijo que estamos viviendo un golpe de Estado en este caso encabezado por la Corte Suprema y la oposición derechista.

Denunció el fallo de la Corte acompañando al gobernador Gerardo Morales de la Unión Cívica Radical, de Juntos por el Cambio, que ratificó una condena a 13 años de prisión a la dirigente del movimiento Tupac Amaru, Milagro Sala, detenida ilegalmente el 16 de enero de 2016 preventivamente hasta ahora fue ya un fallo golpista.

Recordó los obstáculos puestos en la investigación sobre el fallido atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La oposición en diputados dejando las bancas vacías es similar a la que en Perú dio un golpe parlamentario, dijo el dirigente.

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