Ciudad Victoria, Tamps., El Congreso de Tamaulipas, en sesión extraordinaria a la que no asistieron legisladores panistas, reformó cuatro leyes para eliminar la llamada superfiscalía estatal que dejó el ex gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca (2016-2022) con el fin de restar funciones al gobierno del morenista Américo Villarreal Anaya.

Los decretos fueron aprobados con 19 votos de los legisladores de Morena, de Movimiento Ciudadano y de la diputada del blanquiazul Nilda Mireya González Zúñiga. El Congreso lo integran 36 diputados.

Las reformas se aplicaron a las leyes de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública, de Seguridad Pública, Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y la Orgánica de la Administración Pública.

El pasado primero de julio se dieron a la Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas (FGJE) –a cargo de Irving Barrios–, facultades para realizar investigaciones financieras y de anticorrupción, de ahí su carácter de superfiscalía.

C-4 y C-5 ahora serán responsabilidad de la SSP

En esa ocasión se determinó trasladar a la FGJE los Centros de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) y el de Coordinación e Inteligencia (C-5), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, así como la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE). Ahora los C-4 y C-5 serán responsabilidad de Secretaría de Seguridad Pública; el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública regresará a la Secretaría General de Gobierno, y la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) estará a cargo de la Secretaría de Finanzas, explicó el legislador por Morena, Eliphaleth Gómez Lozano.

De manera general, el diputado morenista Marco Gallegos dijo que las modificaciones versan sobre las adecuaciones y transferencias presupuestales, financieras y de recursos humanos, que deben realizar las unidades administrativas de la FGJE a partir de la entrada en vigor el presente decreto y sean coincidentes con la vigencia del nuevo presupuesto.

Por su parte la diputada Úrsula Salazar Mojica, también de Morena, mencionó que las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, a la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública y a Ley de Hacienda, derogan lo referente a la figura de la Constancia de Antecedentes de No Corrupción.

Precisó que actualmente se encuentra establecida como parte de los requisitos obligatorios para la inscripción de particulares en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública de Tamaulipas; sin embargo, no es un instrumento que esté directamente relacionado con la actividad de la fiscalía estatal y queda sólo como un requisito meramente burocrático.