Sindicatos de la banca de desarrollo denunciaron el hostigamiento, represión y violación a sus derechos laborales por parte de los directivos del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Nacional Financiera (Nafin), en represalia por manifestarse frente a las oficinas de esta institución y exigir un aumento salarial de 4.5 por ciento directo al tabulador.

Mientras el Sindicato Nacional Único y Democrático de los Trabajadores del Bancomext (Sinudet) fue desalojado de su local sindical, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Nacional Financiera (SuntNafin) fue notificado que será despojado el 2 de enero próximo del inmueble, adquirido en 2004, previa autorización del Consejo Directivo de Nafin con la finalidad de ponerlo a disposición de su sindicato.

Fernando Salazar, secretario general del Sinudet Cruz, manifestó que Bancomext desconoció un convenio de colaboración suscrito en julio de 2018, a través de cual –afirmó– le otorga al sindicato por tiempo ilimitado y a título gratuito, la posesión de la oficina sindical, así como el uso de mobiliario y ciertos insumos de trabajo para la realización de nuestras gestiones.

En entrevista, indicó que tal proceder unilateral y extrajudicial constituye un incumplimiento contractual, y aseguró que se violan distintos convenios internacionales en materia de libertad sindical y negociación colectiva.

En tanto, Jocabeth Galindo, secretaria general del SuntNafin, denunció que los trabajadores fueron sancionados con un día sin goce de sueldo, luego de participar en el mitin realizado frente a las oficinas de Nafin, en septiembre pasado, además de que no les permiten ingresar a las instalaciones.

Los trabajadores sindicalizados han rechazado los criterios generales para la actualización de tabuladores emitidos por la Secretaría de Hacienda, que consisten en un aumento salarial de 3.5 por ciento tabular, más uno por ciento que no se aplicará al sueldo, sino sólo se integrarán 180 pesos mensuales.

Los criterios propuestos, impactarían de manera negativa en alededor de 520 empleados al servicio del Estado, en sus prestaciones, la seguridad social ante el Issste, y en las cotizaciones para quienes piensen jubilarse, enfatizaron los dirigentes, quienes indicaron que tramitaron amparos en contra de esas disposiciones.