Con el propósito de que el artículo 33 constitucional –que permite la expulsión de extranjeros cuando se involucren en asuntos políticos en México– ya no se aplique de manera discrecional, el gobierno federal promoverá su reglamentación a fin de que aquellas personas involucradas en esta situación tengan garantizado el derecho de audiencia y no se les expulse automáticamente, informó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

En la conferencia presidencial, el funcionario afirmó que este artículo se ha utilizado para coartar la libertad de expresión y de manifestación de quienes vienen a México. Citó el caso del cantante franco-español Manu Chao, quien fue expulsado en el sexenio de Peña Nieto por pronunciarse en torno a la represión en Atenco. Se le declaró persona non grata y se le echó del país.

El procedimiento que se aplicó con Felipe Calderón y Peña Nieto fue utilizar al Instituto Nacional de Migración como instancia para expulsar a los extranjeros que habían manifestado alguna opinión de carácter político o en asuntos sociales.

Explicó que hace cinco años el Senado aprobó una ley reglamentaria del citado artículo que fue turnada a la Cámara de Diputados, donde no se ha procesado. Adelantó que se contactará a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para retomar el proyecto, para lo cual la Secretaría de Gobernación emitirá una opinión jurídica a fin de que quitar esas facultades al INM, “ya no podrá ser usado nunca más como un pretexto para deportar o expulsar vía fast track a alguien”.

El funcionario expuso que con Calderón se deportó a 13 personas, entre ellas Manu Chao; María Sostres, activista española en derechos humanos; Leonardo Zurita, integrante del boliviano Movimiento al Socialismo, por criticar las relaciones con México; Asier Altuna y Floren Aoiz, activistas vascas, por promover el foro de Sao Paulo.

Stephen Compton, activista australiano a quien se expulsó por realizar actividades políticas, pero que inició un proceso legal contra México y fue indemnizado con 2 millones de pesos.

Con Peña Nieto, se expulsó al embajador de Corea del Norte, Kim Hyong Gil, por pronunciarse a favor de los ensayos de armas nucleares de su país; Iciar Alberdi Uranga, militante de la organización separatista vasca ETA, y Alfredo Bonnaro, italiano promotor de organizaciones anarquistas.