Martes 20 de diciembre de 2022, p. 8
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ratificó ayer a sus órganos de dirección partidaria y, en su asamblea nacional, aprobó reformas a sus documentos básicos, con objeto de cumplir los acuerdos del Instituto Nacional Electoral (INE), de poner fin a decisiones en materia de violencia política en razón de género.
En la nueva redacción se utiliza un lenguaje incluyente, de respeto a la dignidad de las personas, se cumple con obligaciones de paridad en las candidaturas y se crea un organismo nacional de mujeres que vigilará la designación de candidatas.
Desde abril de 2020 entraron en vigor disposiciones emitidas por el INE en materia de violencia política de género, que obliga a los partidos a tomar medidas para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar esa práctica, con el propósito de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos y electorales, en condiciones de igualdad sustantiva.
Equidad
Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido sentencias que obligan a los partidos a adoptar criterios de competitividad para garantizar la postulación de candidaturas a las gubernaturas, bajo el principio de paridad sustantiva, y que éste se aplique en los siguientes comicios, ya sea que cada instituto político participe por separado, en coalición o en candidatura común.
Para atender ambas obligaciones, el PVEM aprobó ayer facultar a su Comisión Nacional de Honor y Justicia conocer, investigar y sancionar los casos de violencia política contra las mujeres dentro del partido; incluir plazos para la presentación de quejas; incorporar medidas de reparación, cautelares y de protección, y que las comisiones estatales de honor también puedan recibir e integrar expedientes de violencia.
Se incluyó el principio de paridad sustantiva en la designación de candidatas, sobre todo a las gubernaturas, y se definió que el Organismo Nacional de Mujeres Verdes tendrá como obligación vigilar el cumplimiento de tal principio, así como la promoción de los derechos políticos y electorales de las mujeres, proporcionar asesoría y acompañamiento a las víctimas de violencia y definir acciones de prevención.