Madrid. El Tribunal Constitucional (TC) español aprobó por una mayoría de seis a cinco la admisión a trámite del recurso de apelación presentado por el derechista Partido Popular (PP) para que se paralice la tramitación parlamentaria con la que el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez pretendía forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del propio TC, cuyos órganos directivos no se han actualizado en cuatro años.

La decisión de los magistrados abre una grave crisis institucional en el país, en la que los partidos de la izquierda están haciendo un llamado a la desobediencia de la decisión.

En una determinación arriesgada y utilizando una vía legislativa poco habitual, el gobierno español decidió presentar cuatro enmiendas por la vía de urgencia para reformar el Código Penal, entre ellas había dos que afectaban directamente al Poder Judicial.

Al elegirse la vía de urgencia, el trámite parlamentario no admite ni debate ni posibilidad de presentar enmiendas. Y fue precisamente en eso en lo que se basó el recurso de apelación presentado por el PP para que el TC admitiera su recurso y decretara como medida cautelarísima la suspensión de la tramitación parlamentaria hasta que no se resolviera el recurso en el que el PP y otros grupos parlamentarios de la derecha –Vox y Ciudadanos– aseguraban que se habían vulnerado sus derechos.

El TC está integrado por 11 magistrados, de los cuales dos de ellos, el presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano y de Antonio Narváez, serían relevados de forma inminente si finalmente se hubiera aprobado la vía de reforma elegida por el gobierno. Pero ahora surge la paradoja de que fue el propio TC –que se iba a renovar–, entre ellos los dos magistrados que finalizarían su mandato, quienes votaron sobre la admisión a trámite y la suspensión del trámite parlamentario.

El debate duró más 10 horas y dieron a conocer su fallo al borde la 11 de la noche, con toda la clase política en vilo ante una decisión que agudizará el enfrentamiento entre los bloques. Desde el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se calificó la decisión de abuso lacerante de las instituciones democráticas, mientras sus socios de Unidas Podemos (UP) hablan abiertamente de desobediencia ante una decisión que consideran injusta.

Una petición de desobediencia que respondió unos minutos después la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Meritxel Batet, quien compareció de urgencia para anunciar el respeto y acatamiento del fallo del TC, pero advirtió que la medida adoptada por los magistrados es un hecho sin precedente y produce una honda preocupación del Poder Legislativo y del ejercicio de sus facultades constitucionales.

La ministra de Asuntos Sociales y secretaria general de UP, Ione Belarra, aseguró que se trata de un golpe sin parangón a la democracia. El ala derecha del Tribunal Constitucional impide una votación democrática en la sede de la soberanía popular. La derecha política, mediática y judicial consuma un golpe sin precedente a la democracia. Toca demostrar que los y las demócratas somos más.

Desde el PP se afirmó que hoy ha triunfado el Estado de derecho, hoy nuestra democracia ha salido fortalecida. La extrema derecha, Vox, afirmó que la decisión del TC debería detener, de momento, el asalto de Sánchez. Pero no hay nada ganado, porque sigue con su plan de perpetuarse. Es capaz de desoír al Tribunal.