El Senado, de nueva cuenta, dejó en la congeladora la petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que se cite a comparecer a autoridades federales y locales, entre ellos al gobernador de Tabasco y al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a fin de que expliquen por qué se han negado a aceptar recomendaciones de ese organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra en casos de violaciones graves a las garantías.

Desde el 30 de marzo pasado, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, recurrió a la facultad que le otorga la Constitución, de solicitar al Senado que cite a los funcionarios y servidores públicos que se nieguen a recibir y acatar las recomendaciones que les ha turnado.

Se trata de recomendaciones emitidas, una, en 2019, y seis, en 2020, pero las autoridades y funcionarios a las que se les dirigieron no las aceptaron. Incluso, en algunos casos hasta cambió ya el titular del organismo al que le fue turnada la recomendación. Uno de ellos es el de la Conagua, cuya titular era Blanca Jiménez y en la actualidad es Germán Martínez Santoyo.

Igualmente, la CNDH pidió llamar a comparecer al entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, actual secretario de Gobernación. Por ello, quien debe ahora presentarse en el Senado es el actual mandatario estatal, Carlos Manuel Merino, a fin de que responda a la recomendación 34VG/2020 por “violaciones graves a los derechos humanos de una persona que padeció retención ilegal, detención arbitraria, desaparición forzada transitoria y tortura.

Uno de los siete oficios que dirigió la CNDH al Senado es para que se cite a comparecer al titular de la Conagua para que explique su negativa a aceptar la recomendación 1/2020 sobre las violaciones al derecho al agua en perjuicio de la población en general y agricultores del Valle del Mexicali.

Piedra Ibarra también solicitó a la cámara alta que convoque a comparecer a la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, Rosa María Torres Hernández, para que explique su no aceptación de la recomendación 62/2020 por violaciones al derecho a la igualdad y no discriminación laboral y a la protección de la maternidad de las trabajadoras.

También requirió se cite al presidente municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, para que explique la no aceptación de la recomendación 53/2020 por violaciones a los derechos humanos a la igualdad ante la ley y no discriminación al trabajo en su modalidad de libertad del trabajo; a la vida en su modalidad de proyecto de vida, relacionado con la integridad personal y a la libre circulación y residencia atribuibles a servidores públicos de ese ayuntamiento.

De igual forma, la ombudsperson solicitó se cite a los siguientes servidores públicos: al Consejo Municipal de Mixtla Altamirano, Veracruz, respecto a la no aceptación de la recomendación 59/2019; al presidente municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, por su negativa a aceptar la recomendación 53/2020; al ayuntamiento constitucional de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, por no aceptar la recomendación 17/2020 y a la Fiscalía General del estado de Tabasco por no acatar la recomendación 34VG/2020, así como al gobernador de esa entidad.