México respeta la decisión de España de otorgar la residencia a los ex presidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, afirmó ayer el canciller Marcelo Ebrard.

Y es que Calderón prepara su desembarco en Madrid, donde vivirá al menos los próximos seis meses, para lo que ya tiene visa especial de dos años. Con el fin de conseguir los papeles solicitó la intervención y ayuda del ex presidente español José María Aznar, que le abrió las puertas como académico de su fundación Instituto Atlántico de Gobierno (IAG). Calderón se suma a los otros dos ex mandatarios que también tienen su residencia en España, los priístas Peña Nieto y Salinas de Gortari.

Interrogado luego de participar en una reunión de la Comisión Binacional México-España, Ebrard dijo que el visado otorgado por España a los ex mandatarios no los exculpa ni los sustrae a la acción de la justicia y señaló que si México tuviera motivos para presentar una queja, inmediatamente procederíamos, pero acotó que no es el caso hoy.

El ministro español de Asuntos Exteriores dijo por su parte que los tres ex mandatarios mexicanos han hecho solicitudes de visado de residencia como hacen miles de personas todos los años y afirmó que se trata de un procedimiento que no es discrecional.

Aseguró que la decisión de otorgar el visado compete a autoridades administrativas que no prejuzgan sobre los solicitantes y que los conceden si éstos cumplen con los requisitos correspondientes.

Según el diario español El País, Calderón ya tiene aprobado su visado de residencia y de trabajo como profesional altamente cualificado, con una duración de al menos dos años, que son prorrogables cinco más, que es cuando ya podría iniciar los trámites para su nacionalidad, como recién hizo el ex presidente Salinas, que apeló a sus raíces sefardíes para solicitar la nacionalidad española. Mientras que Peña Nieto usó otra vía para lograr su residencia en España, que fue tramitar la conocida como golden visa, que se otorga a los extranjeros que realizan una inversión inmobiliaria en el país superior al medio millón de euros (10 millones 500 mil pesos).