Madrid. En uno de los debates más ásperos y enconados de la actual legislatura, el Congreso de los Diputados de España aprobó una serie de reformas al Código Penal impulsadas por el Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, entre acusaciones mutuas de golpe de Estado y de intentar emular a la dictadura o a los alzamientos militares que han enfrentado.

Entre los cambios figuran la anulación del delito de sedición, la rebaja en las penas a la malversación de caudales públicos y la modificación de la ley que regula el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC), con miras a renovar su mandato después de más de tres años, bloqueado por el derechista Partido Popular.

Los cambios a la ley sobre el delito de sedición probablemente beneficiarán a los líderes independentistas catalanes que participaron en la declaración unilateral fallida de octubre del 2017 y que los llevó a unos a la cárcel y a otros a refugiarse en otros países para evitar ser juzgados por los tribunales españoles.

Las reformas se aprobaron con una mayoría de 184 votos a favor, 64 en contra y una abstención; en una consulta en la que el PP y el partido liberal Ciudadanos no participaron, en protesta.

La actualización al Código Penal, con la que además se aprobaron, por vía de enmiendas, modificaciones en las penas por malversación y un nuevo sistema de elección de los magistrados del TC.

En éste último punto, se reducen las atribuciones de ese órgano para examinar la idoneidad de los candidatos y se rebajan las mayorías necesarias para que el CGPJ elija a los dos magistrados de la Corte de Garantías que le corresponde nombrar y así renovar parcialmente la entidad judicial.