Las irregularidades que encontró Leonel Cota en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) fueron de tal magnitud que, cuando el diputado Raymundo Atanacio (Morena) le dijo que llegó a limpiar el cochinero que le dejaron el funcionario reconoció: los primeros días fueron tremendos, de observar todas las desviaciones. No es la primera vez, me pasó en Baja California.

A lo largo de tres horas, en una reunión con la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que lo citó para pedirle información sobre ese caso de corrupción, el funcionario informó que, que antes de concluir el año habrá resultados de la indagatoria de la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto desvío de 9 mil 500 millones de pesos en Segalmex. No hay carpetazo, resaltó.

Cota, sin embargo, eludió las preguntas que PRI, PAN y PRD le hicieron sobre la probable responsabilidad de su antecesor, Ignacio Ovalle Fernández. El priísta Hiram Hernández Zetina soltó: Díganos la verdad, ¿quién es el principal responsable? ¿Por qué premiaron a Ovalle y lo nombraron al frente del Instituto Nacional para el Federalismo?

Tras eludir la pregunta, el funcionario sostuvo que la dirección general ha presentado 30 denuncias penales en contra de ex funcionarios. No hay instrucción de nadie para exonerar, (a) quien sea responsable, dijo.

Aclaró que aun cuando se avanza en la judicialización de algunas denuncias, el juez no ha decidido la detención de los involucrados, que no pueden salir de la ciudad. Nuestro llamado a los jueces es a que se aplique la ley sin ninguna consideración.

Más tarde, cuando el diputado Roberto Rubio (PVEM) quiso saber el avance de las respuestas a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Cota sostuvo que no hay margen de impunidad. La consecuencia debe ser la aplicación de la ley. De lo contrario, seríamos cómplices, abundó.

Compras simuladas de granos básicos

Las observaciones de la ASF se refieren a compras simuladas de maíz y frijol, así como entrega de contratos sin licitación; al respecto, Cota Montaño señaló que se dedicó a visitar los almacenes de Diconsa –filial de Segalmex– y encontró más de 100 mil toneladas de ambos productos. Doy fe, insistió.

¿Desorden, responsabilidades, que se aplique la ley? Sí, pero espero resolver buena parte de las observaciones con elementos sustantivos, porque no podemos darle valor a un documento si lo que se compró estaba en los almacenes.

Para el funcionario, las irregularidades se reducen a la falta de documentación que compruebe la compra y pago de frijol y de maíz, y señaló que se han atendido observaciones equivalentes a 4 mil 475 millones de pesos en Segalmex, Diconsa y Liconsa.

A pregunta expresa de María Elena Pérez Jaén (PAN), admitió que, a cambio de contratos por ventas consolidadas, empresas depositaron 60 millones de pesos a una cuenta privada por una cuota de 2 por ciento que cobraban funcionarios ya denunciados.

Azael Santiago Chepi (Morena) le preguntó qué mecanismos se han aplicado para evitar nuevas irregularidades. Me encontré un sistema de registro a lápiz de los productos, expuso Cota. Además, robo en la compra de gasolina: en Tlaxcala se pagaron 330 mil pesos para autos descompuestos desde 2020; de otros se pagaban 12 mil pesos por tanque. Ahora todos están en el sistema, y si están en circulación y cargan de más, se enciende la alerta, destacó.