Si uno se atiene al dicho gubernamental de que los cambios inconstitucionales incluidos en la reforma electoral fueron producto de las travesuras de un duende, bien se podría decir que no fue uno, sino varios los que hicieron diabluras.

Y es que las modificaciones a la iniciativa enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados fueron resultado de una negociación entre Morena y sus aliados, los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), a cambio de que estos últimos dieran sus votos para aprobar la reforma que sacude al Instituto Nacional Electoral (INE).

Con esos agregados, el plan B prácticamente pasó a ser un plan C que se votó en fast track durante la madrugada del 7 de diciembre, apenas unas horas después de que fue enviada a San Lázaro.

Pero la negociación de esos añadidos no fue fácil. Se inició días antes del 6 de diciembre, cuando se remitió a la cámara baja el texto, y se prolongó hasta la madrugada del 7, cuando se aprobó.

De hecho, la sesión vespertina del pleno cameral del 6 de diciembre no comenzó hasta las 10 de la noche debido a que el diálogo entre Morena, PVEM y PT no concluía. Por la misma causa se decretó un receso y se reanudó a las 23 horas.

Todavía cuando los grupos parlamentarios fijaban posturas sobre el documento de cerca de 300 cuartillas –que la mayoría no leyó porque se había presentado unas horas antes–, en corrillos continuaba la negociación. El reloj marcaba las 12:45 de la noche, y el morenista Sergio Gutiérrez Luna y el pevemista Carlos Alberto Puente Salas seguían en el intercambio.

Acompañados por sus asesores, revisaban una y otra vez los textos que traían en la mano. Señalaban párrafos de los documentos y escuchaban a sus expertos. Ubicados en el pasillo de entrada al salón de plenos, pasaron inadvertidos, pues el foco de atención estaba en los discursos de rechazo de la oposición y su previsible salida del lugar.

Pero no fueron sólo estos dos diputados quienes intervinieron en la negociación. Además de los coordinadores parlamentarios de los tres partidos, estuvieron Mario Llergo y Hamlet García por Morena, y Benjamín Robles y Pedro Vázquez por el PT, entre otros, informaron legisladores consultados.

Del diálogo surgió un texto con los agregados que se hicieron a la iniciativa del Ejecutivo, todos en beneficio de las fuerzas políticas pequeñas y las que están a punto de caer en esa franja, como el PRI, y algunos de ellos inconstitucionales.

Entre los añadidos se encuentran candados para evitar la pérdida del registro a pesar de no lograr 3 por ciento de la votación nacional, el trasvase de votos entre partidos que postulen una candidatura común y ya no devolver a la Tesorería de la Federación los recursos que no se ejerzan en un año fiscal para usarlos en el siguiente.

También se encuentra el endurecimiento de requisitos para la creación de nuevas agrupaciones políticas. En una reserva que se aprobó, Puente Salas propuso que el número de militantes que debe tener un partido pase de 0.26 a 0.52 por ciento del padrón electoral.