Javier Corral Jurado, ex gobernador de Chihuahua, se defiende. Frente a las acusaciones de quienes señalan haber sido torturados sicológicamente en lo que fue la Casa de Gobierno, y mucha gente llama la casa del terror, asegura que nunca hubo un centro de interrogatorios.

Para el panista, la presión sicológica y que los integrantes de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua durante su mandato no pemitieran a los detenidos comer, medicarse, acudir al sanitario o beber agua, no puede considerarse tortura o agresión física.

En las investigaciones realizadas por La Jornada en torno a los expedientes X, se conoció que más de 300 ex funcionarios, empresarios y opositores al gobierno de Corral fueron interrogados y presionados sicológicamente en la casa del terror.

Corral aseguró: nunca hubo un centro de interrogatorios, y lo importante es que nunca (alguno de los investigados o imputados) han aludido a ninguna tortura física o una agresión.

El político refirió que los testigos que ahora acusan haber sido objeto de violaciones a sus derechos humanos han presentado denuncias porque se les gritaba, (y) bueno el propio fiscal (de la entidad en la actualidad, Roberto Javier) Fierro Duarte (en declaraciones a este diario) nunca habla de tortura, (él dijo) que fueron tratos crueles, inhumanos, porque se les sometía a largos interrogatorios.

Se le puntualizó: eso es tortura. El panista respondió: eso no es tortura.

Respecto de la Operación Justicia para Chihuahua, que socialmente se conoce en esa entidad como expedientes X y fue puesta en marcha durante su mandato, afirmó: “lo más importante para este asunto fue seleccionar a un buen fiscal para el estado, que fue César Augusto Peniche Esquivel.

“Creó una estrategia integral de combate a la corrupción, pero sobre todo de investigación de hechos a partir de denuncias que ya había y de información muy importante que nos llegó durante la campaña.

“Generó toda una estrategia a partir de la conformación de la unidad especializada (para los expedientes X), que no existía en la Fiscalía General del Estado (FGECH). Integró un equipo relevante con gente que ya estaba allí, y que coordinó, por cierto, Francisco González Arredondo.

Esta operación fue un megaproceso en contra de la corrupción política, en contra de 49 personas se ejercició acción penal, se obtuvieron 80 órdenes de aprehensión, y hay cerca de 20 o más juicios concluidos con sentencia condenatoria.

En el caso de Javier Duarte, Corral Jurado señaló que su antecesor cuenta con 20 órdenes de aprehensión por distintos desvíos y delitos. Él sólo en estas carpetas acumula cerca de mil 350 millones de daño patrimonial del estado.

Corral Jurado indicó que con la Operación Justicia para Chihuahua se lograron recuperar, por sanciones, más de mil 300 millones de pesos por la vía penal y fiscal.

–¿Cómo decidió que Francisco González dirigiera ese grupo?

–Yo no decidí. Fue nombramiento del fiscal general César Augusto Peniche. Él conocía todo ese equipo desde antes, ya que había estado como delegado de la PGR, él fue el que llamó al equipo; él conocía la expertise de cada quien y supongo que lo hizo con base en criterios técnicos.

–¿Quién determinó que la Casa de Gobierno se convirtiera en centro de interrogación?

–La Casa de Gobierno dejó de existir. Eso es parte de toda esta treta de calumnias y mentiras. Desde la campaña ofrecimos que esas instalaciones serían destinadas a otro uso.

“Dijimos que íbamos a decidir si la casa se convertía en un centro de cultura o de rehabilitación.

“Lo que era la oficina alterna de (Javier) Duarte (gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016), fue donde se planeó todo el latrocinio, todo el saqueo para el estado. Desde siempre supimos que se la íbamos a dejar en comodato a la FGECH y todas las instalaciones pasaron a la fiscalía.

“Ahí nunca hubo un centro de interrogatorios. Allí lo que se generaron fueron distintas áreas de la unidad especializada (que dirigía González Arredondo), ahí trabajaban cerca de 50 personas.

González Arredondo está detenido por una venganza política. Ella (la gobernadora) busca lavar su cara, porque el fiscal coordinó los trabajos de acusación en su contra, porque ella fue vinculada a proceso por el delito de cohecho al ser parte de la nómina secreta de César Duarte. Delitos de los cuales se desistió la fiscalía estatal antes de que ella asumiera el cargo.

–De usted dicen que toda la Operación Justicia para Chihuahua fue una venganza contra funcionarios, empresarios y opositores políticos.

–Lo que hicimos fue llevar a tribunales a César Duarte y en el camino fueron apareciendo muchos más actores y presuntos responsables.

Expuso que durante una gira del presidente Andrés Manuel López Obrador le explicó la situación de las acusaciones y el procedimiento de extradición en contra de César Duarte: “cómo (Enrique) Peña Nieto y particularmente Elías Beltrán, el que estaba encargado de la Procuraduría General de la República, le habrían brindado protección a mi antecesor. Incluso, cómo pretendieron, antes de irse, exonerarlo y cómo dificultaron las solicitudes de las órdenes de aprehensión para la extradición. López Obrador se comprometió conmigo a que no habría complicidad ni protección.

Nos dimos cuenta de que no se habían presentado todas las órdenes a las autoridades de Estados Unidos, sino que se habían entregado algunas muy mal. Hoy se está trabajando en la modificación del principio de especialidad.

–¿Usted aprobó la aplicación de tortura sicológica y malos tratos durante los interrogatorios?

–Lo niego categóricamente. Es una calumnia, una vil mentira. No hay un solo elemento que pueda demostrarlo.

–Los testigos son quienes han señalado haber sido objeto de tortura.

–A mí no me han señalado. A mí no me están acusando de nada.

–Existen algunos señalamientos de que usted observaba y dirigía los interrogatorios.

–Tenemos todos los elementos para desvirtuar esa aseveración. Tenemos videos de cómo estaba la casa, cómo operaba.

–¿De los interrogatorios y de la cámara de Gesell?

–Han querido crear dentro del expediente y acomodar las instalaciones de la Unidad Especializada de Combate a la Corrupción para hacer creer que ahí había un centro de interrogación con cámara Gesell. Ahí era el gimnasio de Duarte.

–¿Si Francisco González se convirtiera en testigo protegido y lo imputara a usted?

–Francisco González es un hombre íntegro. Yo no tengo nada de qué avergonzarme, tengo mi conciencia tranquila.

–¿Se va a amparar?

–No. Yo no me voy a amparar. Nunca me he amparado.

El ex mandatario chihuahuense afirmó que en la gestión de la gobernadora, la también panista María Eugenia Campos, hay un intento de criminalizar sus acciones en contra de la corrupción y se trata de encubrir actos ilícitos por parte de actores relevantes del PRIAN.

A “María Eugenia Campos la tiene enloquecida el deseo de venganza política. Me han buscado por todos lados y ahora resulta que la acusación más grave es que yo tengo doble nacionalidad, como si hoy no fuera un derecho constitucional.

No me perdona que no la hayamos excluido de la corrupción de César Duarte. Eso es lo que está en el fondo de la cuestión.