ara nadie es un secreto que el régimen neoliberal –especialmente en sus tres últimas administraciones– endeudó al país a extremos nunca vistos, con el agravante de que la contratación del débito no se reflejó en la mejoría de las condiciones económicas del país ni en las sociales de los mexicanos. De hecho, la política que en la materia siguieron los seis gobiernos de esa calaña violó el artículo 73 constitucional, el cual ordena que ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o restructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado; así como los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29.

En las últimas tres administraciones neoliberales (Fox, Calderón y Peña Nieto) la deuda pública se incrementó 500 por ciento, y por decisión de ellas, con el aval o el silencio de la Cámara de Diputados, endeudaron a varias generaciones de mexicanos, mientras ellos y sus respectivas pandillas cómodamente se retiraron a la vida privada sin consecuencia alguna. La herencia fue brutal y el nuevo gobierno recibió una carga financiera de proporciones aterradoras, que se agravó con la pandemia, la guerra en Ucrania y el consecuente cuan brutal incremento de tasas de interés.

Sirva lo anterior para dimensionar el análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados: al 31 de octubre de 2022, la deuda bruta del sector público federal sumó 14 billones 191 mil 834 millones de pesos, lo que representó un decrecimiento de 2.5 por ciento real en comparación con el mismo mes de 2021 y una disminución de 1.9 por ciento, en relación con el cierre de 2021. En su desglose por fuente de origen, 69.6 por ciento se encuentra contratada en el mercado interno y 30.4 por ciento en el exterior.

De acuerdo con el CEFP, la evolución del saldo actual ha sido resultado, en parte, de la estrategia de programación financiera implantada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la cual forman parte las operaciones de refinanciamiento en el mercado interno, como la compra y venta simultánea de instrumentos de deuda del gobierno federal. De hecho, ayer dicha dependencia del Ejecutivo federal anunció que el gobierno mexicano intercambió deuda por 39 mil millones de pesos a plazo de 10 años, lo que se suma a la subasta sindicada del día 6 de diciembre por 12 mil 500 millones. Esto permitió que el nuevo Bono-M naciera con un monto inicial de 51 mil 500 millones, logro sin precedente en el mercado local de deuda.

Tal anuncio, detalló Hacienda, “tuvo una demanda de 70 mil millones de pesos, lo que refleja la confianza que mantienen los inversionistas nacionales y extranjeros en la administración de deuda y los fundamentales macroeconómicos de México.

Por su parte, el CEFP señala que en cuanto al mercado externo, no se ha tenido que recurrir a operaciones de colocación de instrumentos de deuda del gobierno federal en los mercados financieros internacionales. Lo anterior, acorde con la política de mantener un perfil de deuda sólido y utilizar el endeudamiento externo de manera estratégica y como una fuente complementaria de financiamiento, en condiciones favorables de costo, monto y plazo.

Al cierre de octubre pasado la deuda externa bruta del sector público federal se situó en poco más de 4 billones 308 mil millones de pesos (217 mil 176.4 millones de dólares). Si se analiza en pesos y en términos reales, significó una reducción de 12.7 por ciento comparado con el saldo del mismo mes del año previo, y una disminución de 11.9 por ciento con relación a diciembre de 2021.

Lo que no se reduce ni a golpes es el saldo del Fobaproa-IPAB, que al cierre de septiembre pasado sumó un billón 27 mil millones de pesos, mientras los bancos rescatados se hinchan de utilidades.

Las rebanadas del pastel

Tremenda encuerada en la mañanera de ayer para los capos del futbol mexicano: los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto condonaron a 12 clubes de la Liga Mx 2 mil 620 millones de pesos entre 2007 y 2018. Sin embargo, esa dinámica de negocios también fue norma en las administraciones anteriores. Como bien dice el presidente López Obrador, mucha afición para tan poco profesionalismo en ese deporte.

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