Organizaciones que integran la colectiva Cambiémosla Ya hicieron un llamado a legisladores para modificar, con urgencia, la ley minera, pues da lugar a la reiterada violación de derechos humanos de personas y derechos colectivos de comunidades y pueblos, así como a la destrucción del medio ambiente.

En conferencia, Beatriz Olivera, de Engenera; Jorge Peláez, de la Clínica de Justicia Ambiental Berta Cáceres; Maira Olivo, de Fundar, y Cecilia Navarro, de dicha colectiva, señalaron que en la actualidad las concesiones que se otorgan al amparo de esta ley tienen una duración de 50 años prorrogables a otros 50.

Además, dijeron, se utilizan indistintamente para exploración y explotación y dan acceso preferente al agua y a la tierra, sin importar si los territorios pertenecen a comunidades o ejidos y las actividades que se llevan a cabo.

Es claro que la ley minera vigente es una de las más abusivas y laxas del mundo, legaliza el despojo de territorios y bienes naturales de pueblos y comunidades privilegiando intereses de concesionarios mineros y provoca la violación sistemática de derechos. Por todo ello es fundamental que sea modificada.

Indicaron que el territorio concesionado equivale a unos 18 millones de hectáreas –el tamaño de Chihuahua–, pero la información no es transparente. “Actualmente hay alrededor de 25 mil concesiones, de acuerdo con lo que se encuentra publicado en la página de datos abiertos, que es una base de 2017, eso es lo más actualizado que tenemos, más el sistema CartoMinMex, que no permite bajar nada de información.

No hablamos sólo de capital extranjero, también hay un importante capital mexicano, como Grupo México. Además, hay capitales australianos, chinos, chilenos, entre otros. Explicaron que a veces un grupo pequeño o un actor privado solicita la concesión y puede hacer con ella lo que quiera, incluso venderla luego a empresas más grandes.

Añadieron que el anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de no otorgar más concesiones no es suficiente. Hay un gran número que va a seguir operando, por eso su compromiso se sostiene con alfileres. Es un compromiso retórico que, si no se cambia con una ley, se va a quedar en el olvido en el próximo o subsecuentes gobiernos.

Apuntaron que es indispensable que los legisladores aprueben las modificaciones propuestas, pues están sustentadas en las obligaciones que en materia de derechos humanos y derechos indígenas tiene el Estado mexicano.

Las iniciativas contemplan retirar el carácter de preferente y de utilidad pública que hoy tiene la minería (exceptuando el litio) sobre cualquier otro uso del territorio, modificar el régimen de prohibiciones, estableciendo restricciones en áreas naturales protegidas, cerca de cuerpos de agua, de núcleos poblacionales y de zonas sísmicas, así como prohibir la minería a cielo abierto, la submarina y en pocitos de carbón, por mencionar algunas.