as condiciones de desigualdad en México y en el mundo obligan a analizar las problemáticas sociales desde una perspectiva de derechos humanos. Es el caso de la actual polémica en torno a uno de los asuntos de mayor relevancia para México: el maíz.

Recientemente, el tema ha estado sobre la mesa por diversas razones, en particular por la iniciativa de reformas a la Ley General de Salud en materia de plaguicidas y de bioinsumos, que presentó en el Senado la presidenta de la Comisión de Salud, la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, con el apoyo de la también senadora Ana Lilia Rivera Rivera.

Resulta que uno de los agroquímicos más dañinos para la salud ambiental, animal y humana, el herbicida glifosato, es un insumo inseparable de la siembra de maíz genéticamente modificado (GM, transgénico). Es justamente el maíz GM resistente a este herbicida el que se busca imponer en México, intención que se ha detenido gracias a una demanda de acción colectiva (demandacolectivamaiz.mx) interpuesta desde 2013.

Las ventas de este herbicida suponen ganancias multimillonarias para las firmas transnacionales que lo fabrican, por ello el cabildeo de las empresas a través de quienes representan sus intereses en México, como el Consejo Coordinador Empresarial, ha sido de tal manera intenso que ha dado lugar a una seria tensión dentro del mismo Senado.

Están, por otra parte, los intereses también multimillonarios de los agroindustriales de Estados Unidos, en especial los del estado de Iowa, que ejercen fuertes presiones sobre el gobierno de México ante la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de comprar para México maíz amarillo GM, mayoritariamente exportado por Estados Unidos a nuestro país.

Recordemos que el maíz utilizado en la elaboración de tortillas debe ser, por norma, maíz blanco, y desde luego maíces nativos; de éstos, hay autosuficiencia en México. El otro maíz, el llamado amarillo, se utiliza en la industria, especialmente para forraje, aunque presumiblemente también ha ido a parar a los fabricantes de harinas de maíz industriales.

Estamos ante dos casos, o uno solo, en que los intereses netamente monetarios de las agroindustrias intentan doblegar la decisión de un país como el nuestro, cuya principal obligación es salvaguardar la salud de su población. Siendo el maíz nuestro principal alimento, ofrecer esta semilla de buena calidad, inocuo, propio para el consumo humano, es una prioridad irrenunciable.

Es así indispensable mantener con firmeza la decisión presidencial y contrarrestar con información clara y fidedigna la campaña de argumentos tergiversados que ha desatado la agroindustria: que no habrá maíz suficiente, que productoras y productores perderán su sustento y que se encarecerán los alimentos, además de reiterar que el glifosato no es dañino para la salud, a pesar de las evidencias científicas que comprueban sus efectos nocivos, y de que hay miles de demandas en Estados Unidos interpuestas por personas afectadas por cáncer relacionado con el uso de este agrotóxico.

Por otra parte, y ante las preocupaciones de industriales de la masa y la tortilla, de contar con maíz a buen precio, y de productoras y productores de mediana escala, a los que se les ha anunciado un precio por tonelada de maíz que no cubriría los gastos de su producción, urgen políticas públicas que abarquen cada uno de los aspectos en los que el maíz está involucrado: su producción, su uso como materia prima del nixtamal y la tortilla, así como su consumo. Esto, sin que al diseñarlas falte un análisis preciso para determinar en qué grado se beneficia la población general con dichas importaciones, que implican una fuerte erogación económica.

Políticas propias, de acuerdo con nuestras necesidades e intereses, que garanticen los derechos humanos de toda la población y principalmente de los sectores en desigualdad social, tales como el derecho a la salud, a una alimentación adecuada, al agua y a un ambiente sano, entre otros.

Apelando a la defensa de la soberanía nacional, es fundamental evocar el artículo primero de la Constitución Política Mexicana, que establece un llamado bloque de constitucionalidad, denominado parámetro de regularidad constitucional, que está conformado por la Carta Magna misma y los tratados internacionales de derechos humanos; dicho bloque se encuentra en posición de superioridad jerárquica normativa sobre todas las demás leyes y normas que rigen en México, incluyendo los tratados de libre comercio. Con esto, el Estado mexicano prioriza garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos de la población mexicana, la dignidad humana al fin.

Hemos de aprender de todo esto que cuando los tratados comerciales internacionales son firmados en condiciones de desigualdad, sin una visión nacionalista y sin una perspectiva de derechos humanos, no son la mejor opción.

La larga cadena de serias consecuencias sociales y económicas que ha traído la firma del TLCAN y que ahora evidencia también su versión actualizada, el T-MEC, así lo muestran.