ara no pensar mal –aunque todo apunta a que es necesario hacerlo–, vale la pregunta: ¿en qué se basaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para decidir que los acusados por delitos fiscales, como defraudación, contrabando o uso de facturas falsas, ya no podrán ser sujetos a prisión preventiva oficiosa, pues, según consideraron, estos tipos penales no atentan contra la seguridad nacional ni constituyen delincuencia organizada, por lo cual no se justifica aplicarles dicha medida preventiva ( La Jornada, Eduardo Murillo).

Tal decisión resulta desproporcionada, por decirlo suave, porque los delincuentes de cuello blanco –que están muy bien organizados– defraudan y atentan contra la nación, por lo que deben ser incluidos entre los candidatos a prisión preventiva oficiosa. Dejarlos en libertad para que maniobren con toda tranquilidad no es precisamente una contribución al estado de derecho.

Ante tal panorama, el presidente López Obrador destacó: “me molestó mucho la resolución de los ministros de la Corte, de impedir la detención o la aprehensión preventiva a delincuentes de cuello blanco, la detención preventiva oficiosa para quienes se dedican a la defraudación abiertamente … Volvemos a lo mismo, lo de los factureros, es una vergüenza. Que se detuvo, llegamos y consideramos que se frenaron, porque se desataron desde el gobierno de Calderón y en el gobierno del presidente Peña fue excesivo, excesivo, lo de las facturas falsas, o sea, un fenómeno de 10 años. Eso nos lleva a modificar la Constitución, considerar delito grave, que no lo era, la defraudación fiscal. Y ahora la Corte resuelve que pueden salir bajo fianza si no se demuestra en un plazo, si no hay sustento, si no hay bases. Todo un truco para que salgan con argucias legaloides”.

Pero no quedará ahí la afrenta. Dijo el mandatario: “eso de los factureros, que no estén pensando que porque ya hubo la modificación… Hay que buscar cómo reformar la Constitución. Volver a una iniciativa, pedir a los constitucionalistas que nos orienten de cómo hacerle para que sea delito grave la defraudación fiscal, que no sea un asunto que se tenga que ventilar por la vía civil, sino penal, porque le están robando al pueblo. Cuando es un robo a todo el pueblo, eso tiene que ser penal, es corrupción. Estamos viendo eso y no lo vamos a dejar”.

▲ A mediados de 2020, el Servicio de Adminis-tración Tributaria documentó un primer paque-te fraudulento de 43 empresas dedicadas a las facturaciones falsas, vinculadas no sólo con empresas fachada, sino con 8 mil 202 personas, físicas y morales.Foto Roberto Garcia Rivas

Antes de que la SCJN se pronunciara sobre este tema, Andrés Manuel ya se había adelantado a lo que olía como retroceso, el regreso a los tiempos de, al menos, Calderón y Peña Nieto, cuando el jugoso negocio de las factureros y la evasión fiscal creció como la espuma. Por ello, el mandatario ya había manifestado preocupación por el proceder del máximo tribunal del país, al poner en el tapete de la discusión lo siguiente: ¿cómo van a ser los jueces, magistrados, ministros, defensores de delincuentes de cuello blanco? ¿Cómo va a ser el dinero el que predomine y no la justicia? Pero esos servidores públicos recurrieron a los tres monos sabios: no vieron, no oyeron, nada dijeron y echaron para atrás la prisión preventiva oficiosa para los delincuentes de cuello blanco, los cuales, según dicen, no hacen daño a la seguridad nacional.

Borolas y Peña Nieto dejaron crecer exponencialmente el negocio de las llamadas factureras, lo que se tradujo en enormes ganancias para ellas y crecientes pérdidas para la nación. A mediados de 2020, la entonces titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro (hoy al frente de la Secretaría de Economía) documentó un primer paquete fraudulento de 43 empresas dedicadas a las facturaciones falsas, relacionadas no sólo con empresas fachada que venden facturas de operaciones simuladas, sino con la participación de 8 mil 202 personas, físicas y morales. El monto de las facturas (falsas) ascendió a 93 mil millones de pesos; si hubieran pagado IVA e ISR el erario habría captado 11 mil 396 millones por el primer concepto y 24 mil 500 millo-nes por el segundo. Todas las empresas se relacionan entre sí, comparten clientes.

Pero en la SCJN aseguran que no se trata de crimen organizado.

Las rebanadas del pastel

Ya lo dijo Andrés Manuel: encuesta borrará del mapa a varias corcholatas; sólo una o uno la librará y al que no le guste que se vaya mucho con Monreal… Crece la familia jornalera: a partir de ayer reinicia –nueva dirección y nuevos bríos– La Jornada de Morelos (https://www.lajornadamorelos.mx/).

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