Houston. Chevron Corp aspira a recibir los primeros cargamentos de petróleo venezolano alrededor de diciembre tras la emisión de una licencia de Estados Unidos el fin de semana; sin embargo, Caracas podría no estar tan dispuesta, debido a que las sanciones estadunidenses continúan restringiendo los pagos a la nación, dijeron personas familiarizadas con el asunto, informó Reuters.

Estados Unidos otorgó el sábado una licencia de seis meses a Chevron para operar en Venezuela, restableciendo los privilegios que tenía para comercializar crudo, al tiempo que prohibió el intercambio de efectivo y exigió que los cargamentos sean dirigidos a refinerías estadunidenses.

Ejecutivos de la petrolera estatal venezolana PDVSA inicialmente dieron la bienvenida a la autorización, al considerar que marcará su reingreso a Estados Unidos, que alguna vez fue el mercado más importante del país. Sin embargo, están menos entusiasmados con los términos de la licencia, que impiden a Chevron rembolsar costos operativos o pagar impuestos y regalías en Venezuela, según las personas.

PDVSA y el Ministerio de Petróleo de Venezuela no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Al 23 de noviembre, la empresa mixta Petropiar en la Faja del Orinoco –la más grande en operación entre PDVSA y Chevron– tenía 1.79 millones de barriles de crudo exportable en inventario, mostró un documento visto por Reuters. La producción de petróleo del proyecto Petroboscán, en el estado occidental de Zulia, se detuvo este año debido a su incapacidad para seguir acumulando inventarios que no podían exportarse.

Cualquier relajación de los términos de la licencia a Chevron depende del progreso en conversaciones políticas entre enviados del presidente Nicolás Maduro y la oposición, que se reanudaron el sábado en México, dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

La Casa Blanca, abierta a calibrar más las sanciones

El vocero del consejo dijo que la Casa Blanca está abierta a calibrar más las sanciones, agregó la persona, pero cualquier flexibilización depende del progreso en la aceptación de un calendario electoral en Venezuela, la reincorporación de candidatos excluidos, la devolución de los partidos políticos a sus líderes legítimos y el acceso de observadores extranjeros a los comicios.

Las restricciones podrían, en última instancia, limitar el empuje a la producción y las exportaciones de petróleo de la nación sudamericana, dijeron analistas, a menos que Washington otorgue nuevas autorizaciones si las conversaciones políticas progresan en México.

Las exportaciones de petróleo de PDVSA a Estados Unidos se detuvieron por completo a principios de 2019, luego de las sanciones comerciales de Washington, diseñadas para despojar del cargo a Maduro, cuya relección de 2018 fue calificada de farsa por la mayoría de los países occidentales, que no aportaron pruebas, y Washington reconoció al opositor Juan Guaidó como líder legítimo del país.

El activo extranjero más importante de PDVSA, el circuito refinador Citgo Petroleum con sede en Houston, está controlado por juntas designadas por Guaidó y ratificadas por un tribunal estadunidense.

Dos influyentes congresistas, los republicanos de más rango en los comités de Relaciones Exteriores del Congreso, Michael McCaul en la Cámara de Representantes y James Risch en el Senado, dijeron que el alivio de las sanciones a Venezuela constituye una recompensa preventiva a “un régimen narcoterrorista”, en un comunicado publicado ayer.

Por lo pronto, Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora en la mesa de diálogos con el gobierno de Venezuela, dijo que tras la firma de un acuerdo social ahora se viene la parte más dura de las negociaciones con los temas políticos y de derechos humanos, entre otros, en busca de solventar la larga crisis del país.

Delegados del presidente Nicolás Maduro y de los opositores se rencontraron en la Ciudad de México el sábado a más de un año de pausa, tras de que el gobierno se retiró de la mesa, molesto por la extradición de Cabo Verde a Estados Unidos de un empresario de origen colombiano cercano al gobierno venezolano.

Durante la reanudación de las negociaciones las partes firmaron un acuerdo social que busca crear un fondo administrado por Naciones Unidas con dinero venezolano congelado en cuentas en el sistema financiero internacional y que se destinarán a recuperar parte del sistema eléctrico, hospitales y escuelas en la nación, donde al menos 50 por ciento de su población, de 28 millones de habitantes, vive en pobreza.

El acuerdo “no es la solución (...) esto es apenas un paliativo (…) Para la necesidad de Venezuela, 3 mil millones de dólares es muy poco, por no decir casi nada”, señaló el negociador en una entrevista con la emisora local Circuitos Éxitos.