El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de eliminar la prisión preventiva oficiosa (PPO) en delitos fiscales. Es una vergüenza, subrayó

Al referirse a la liberación de presuntos delincuentes en sábado por orden de un juez, dio a conocer que ordenó a la Secretaría de Seguridad aguantar si se trata a todas luces de un hecho de corrupción.

En su conferencia matutina, expuso que ha pedido a la dependencia citada enviar un escrito al juzgador con el mensaje: Yo no puedo porque yo tengo otros datos, y que se aguanten.

López Obrador señaló que los jueces ordenan liberar a presuntos delincuentes en sábado porque no da tiempo de pedir información en los estados sobre antecedentes penales. Además, dicen: 24 horas, si no, atente a las consecuencias.

El jefe del Ejecutivo preguntó por qué no los liberan el viernes, el lunes o el jueves, al quejarse de que también los excarcelan con el argumento de que está mal integrada la averiguación.

Actitud leguleya

Sobre la decisión de la SCJN de eliminar la prisión preventiva oficiosa para los delitos fiscales, el mandatario dijo que, con esa medida, los ministros están protegiendo a defraudadores fiscales, factureros y a la delincuencia de cuello blanco.

Agregó que es una vergüenza que la ley se aplique en beneficio de los que se dedican a hacer negocios ilícitos. Lo que la Corte hizo fue dar impunidad a los que defraudan la hacienda pública y al pueblo, porque si se facilita el fraude fiscal hay menos ingresos para la hacienda pública y menos recursos para educación, salud y desarrollo del país en beneficio de una minoría. ¿Eso es justicia?, interrogó.

López Obrador urgió a que el Poder Judicial se reforme, luego de destacar que dos o tres mujeres ministras votaron en contra de eliminar la PPO; “todos los demás, como empleados de los machuchones. Lamentable, de pena ajena”.

Con esa decisión, expuso que ahora si hay un fraude se tiene que justificar la prisión preventiva. Fue una actitud leguleya, ni siquiera apegada a la legalidad, una caricatura de estado de derecho, subrayó el mandatario en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

El jueves fue un mal día para el Poder Judicial. Suprema corte del derecho, si acaso, no de la justicia, lamentó el Presidente.

Recordó que los ministros le ordenaron pagar mil 810 millones de pesos cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México por el caso del paraje San Juan, en Iztapalapa, y si no lo hacía sería destituido. Apuntó que ese asunto era un fraude y que estaba metido puro coyote.