La Secretaría de Gobernación (SG) debe dar a conocer el monto de la inversión que realiza en la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, en particular el costo de la renta de los botones de asistencia asignados a las personas inscritas en el mecanismo de protección, según resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Lo anterior, luego de que la dependencia federal determinó la reserva de la información por cinco años, con el argumento de que su divulgación haría identificables las medidas que aplicará para la protección de los beneficiarios, lo que aumentaría su riesgo y vulnerabilidad.

En el análisis del caso, realizado con la ponencia de la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, se determinó que la clasificación de esos datos sería válida si permitieran identificar al beneficiario del mecanismo de protección. El solicitante de información pidió únicamente conocer el monto que se eroga por la renta de los botones de asistencia.

En el mismo escrito solicita la cantidad de beneficiarios y cuántos corresponden a cada sexo, las entidades donde se encuentran y el presupuesto asignado de 2019 a 2022, lo que sí respondió la secretaría.