El Senado aprobó por mayoría, con el voto en contra del PAN, un exhorto a 21 congresos estatales para que legislen a fin de facilitar la liberación de personas presas por infracciones locales que se asemejen a los supuestos de Ley de Amnistía que entró en vigor el 23 de abril de 2020, la cual busca extinguir la acción penal y las sanciones impuestas por ciertos delitos, excepto para reincidentes.

Dicha norma beneficia a personas sentenciadas por aborto, delitos contra la salud, robo simple y sin violencia y sedición, así como los cometidos por personas indígenas que durante el proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores con conocimiento de su lengua y cultura.

La petición es para que los congresos de Guerrero, Chiapas, Puebla, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Michoacán, Querétaro, Yucatán, Colima, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Sonora, Morelos, Chihuahua, Tabasco, Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí expidan leyes locales de amnistía.

En la discusión del dictamen, la senadora Nestora Salgado (Morena) precisó que se trata de un proceso de reconciliación y pacificación, que debe beneficiar a quienes por causas políticas, deficiencias procesales u otras se encuentran en prisión.

Mónica Fernández Balboa, también de Morena y presidenta de la Comisión de Gobernación, aseguró que la expedición de leyes locales promoverá la eliminación de injusticias que han llevado a los centros penitenciarios a personas sin un juicio justo, por lo que no hay otra intención.

Por el PAN, Damián Zepeda sostuvo que la Ley de Amnistía fue aprobada en específico para mujeres recluidas por aborto, para algunos casos relacionados con la población indígena, robos menores a 50 mil pesos y narcomenudeo.

Esta norma, advirtió, está enfocada a resolver problemas sociales, pero también abre la puerta a los delincuentes para que salgan a delinquir nuevamente.