Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que confía en el respaldo de los senadores de Morena a su propuesta de reforma constitucional electoral e incluso a un plan B, a través de modificaciones a la legislación secundaria, hay división de opiniones en la bancada guinda e incluso el coordinador Ricardo Monreal desechó que ese proyecto, centrado en la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) pueda pasar en la Cámara de Diputados.

A su juicio, la reforma constitucional electoral está muerta en San Lázaro porque Morena no contará con el voto del PRI, debido a que el gobierno federal incumplió el acuerdo de cesar los ataques diarios en contra del dirigente nacional priísta Alejandro Moreno.

En entrevista por separado, José Antonio Álvarez Lima, sostuvo que el grupo parlamentario de Morena en el Senado es leal al presidente López Obrador y luchará por la aprobación de la reforma electoral, ya sea la constitucional o modificaciones a las leyes secundarias, como lo planteó el Ejecutivo federal.

Claro que el Presidente cuenta con los senadores y senadoras, expuso la senadora Citlalli Hernández y con ella coincidieron Napoleón Gómez Urrrutia y una docena más de legisladores, quienes resaltaron que los senadores de Morena se comprometieron con sus electores a transformar el país.

Igualmente, los senadores Ovidio Salazar y Daniel Gutiérrez Castorena resaltaron que frente a la campaña de ataques y desinformación en torno a la iniciativa presidencial, la mayoría de los legisladores de Morena la respaldan.

En contraparte, el coordinador Monreal expuso en conferencia de prensa que ese plan B en materia electoral al que aludió por la mañana el Presidente es seguramente porque no hay forma de que la mayoría calificada se construya en la Cámara de Diputados, sin el PRI.

Advirtió que a través de una reforma a leyes secundarias no es posible bajar el financiamiento a los partidos políticos, ni modificar la integración de las cámaras y tampoco que los consejeros del INE sean electos y no nombrados por los diputados. Esos cambios, insistió requieren una modificación constitucional.