En acatamiento a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en agosto pasado, las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Gobernación (SG), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) crearon la Comisión Especial de Búsqueda para localizar a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), desaparecidos por elementos del Ejército y de la policía de Oaxaca en mayo de 2007.

La resolución, aprobada por tres votos contra dos en la primera sala del máximo tribunal, estableció que ante casos de violaciones graves a derechos humanos, como es la desaparición forzada de personas, los órganos jurisdiccionales de amparo tienen facultades para imponer medidas de reparación integral, a fin de restituir a las personas desaparecidas y a sus familiares en el pleno goce de sus derechos.

Como parte de esta reparación integral, por primera vez en la historia un fallo de la Suprema Corte ordenó crear esta comisión especial, que tendrá la obligación de realizar las diligencias correspondientes en los cuarteles militares, de conformidad con lo establecido en esta ejecutoria, permitiendo la participación, en su caso, de instancias internacionales de derechos humanos, con el fin de que acompañen e las víctimas, de acuerdo con lo que se estableció en el proyecto de resolución aprobado, que elaboró la ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

Aunque el fallo de la SCJN fijó 60 días hábiles para la creación de esta comisión, el plazo comenzó a correr a partir de la notificación oficial a las autoridades obligadas, por lo que el organismo se creó finalmente el 3 de noviembre pasado y tendrá su primera reunión de trabajo el próximo jueves.

Además, el fallo señala que la FGR debe dar a conocer la versión pública de la carpeta de investigación que abrió para el caso.

Reyes Amaya y Cruz Sánchez fueron desaparecidos en la capital de Oaxaca el 25 de mayo de 2007, luego de ser detenidos por elementos de la Sedena y la Dirección General de Seguridad Pública estatal. Después de ser encarcelados en la procuraduría local, fueron trasladados al Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México, instalaciones que también podrán ser revisadas por la comisión especial.

El acatamiento del fallo de la SCJN fue notificado por la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la FGR a la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros, titular del juzgado cuarto de distrito de amparo en materia penal, donde inició este litigio.